PP y Vox piden al PSOE de Castilla-La Mancha no apoyar el decreto del Gobierno sobre la atención sanitaria a migrantes

La atención sanitaria y el derecho a la protección de la salud de las personas migrantes ha provocado el enésimo enfrentamiento entre el PSOE y los grupos de la oposición, PP y Vox, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Así ha ocurrido durante el debate general relativo a la situación del Servicio Nacional de Salud y su repercusión en Castilla-La Mancha en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, que se ha centrado en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo. Una norma que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, el diputado regional del PSOE José Antonio Contreras ha defendido que garantizar el acceso de migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria "es, ante todo, una cuestión de derechos".

Los inmigrantes en situación irregular tienen garantizada la sanidad pública universal desde este viernes

Y ha considerado "muy racista" decir que se atiende a estas personas, pero no a los españoles, acusando a Vox de buscar un "chivo expiatorio para justificar su discurso de odio en materia de inmigración".

Contreras ha expresado que el decreto aprobado pretende que haya menos dispersión en la aplicación en las comunidades autónomas de la anterior norma, de 2018, que corrigió la ley que acabó con la universalidad en el Sistema Nacional de Salud.

Y ha negado que la atención sanitaria a migrantes suponga un elevado coste, ya que un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales europea sostiene que facilitar la atención a migrantes irregulares permite ahorrar el nueve por ciento del coste sanitario.

La oposición, contra el decreto

Por su parte, los dos grupos de la oposición han expresado su rechazo al Real Decreto aprobado por el Gobierno y han pedido al PSOE que retire su apoyo y no lo convalide en el Congreso de los Diputados por lo que supone para el sistema sanitario en el país.

La portavoz del grupo popular, Carolina Agudo, ha afirmado que "atender al que lo necesite sí, pero convertir la irregularidad en un derecho no". Y ha acusado a los socialistas de intentar "tapar con la universalidad" lo que puede acabar en "unas puertas abiertas sin control".

Además, ha advertido que el sistema sanitario en la región ya está "colapsado" y ha preguntado cómo se va a pagar la sanidad de las personas en situación irregular y por qué el Ejecutivo castellanomanchego "no planta cara" al central y pide financiación para ello.

De su lado, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha afirmado que "la inmigración masiva y descontrolada tiene un coste altísimo y afecta de lleno al bienestar y a la protección social de los españoles por el deterioro de los servicios públicos como el sanitario".

"La gestión del PSOE de la sanidad deja mucho que desear. La inmigración masiva pone en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario y tiene un elevado coste que no nos podemos permitir. El sistema está saqueado por gente que entra de manera ilegal en nuestro país mientras los españoles son los últimos de la fila para recibir una atención sanitaria de calidad", ha sentenciado.

Ley de Servicios Farmacéuticos

Por otro lado, el pleno ha aprobado la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, tras rechazarse 41 enmiendas de los partidos de la oposición, doce de Vox y 29 del PP.

Según el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, el principal beneficio de esta ley reside en favorecer el establecimiento y la sostenibilidad de las farmacias en el medio rural, respondiendo a las necesidades de la población que reside en zonas escasamente pobladas, o en riesgo de despoblación, sobre todo en núcleos de población de menos de 1.500 habitantes.