Casi 70.000 firmas se van a presentar en los juzgados de Guadalajara para impedir el encarcelamiento de un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por fotografiar un desahucio que será juzgado en Guadalajara el próximo 9 de diciembre.

La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para Diego, un activista de la PAH y abogado de varios movimientos sociales, por haber fotografiado desde su ventana el desahucio de una madre de sólo 17 años, un padre de 19 y un bebé de unos 5 meses, en una imagen en la que también aparecían los agentes judiciales y que subió a las redes sociales de la plataforma.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara ordenó borrar esa publicación cautelarmente porque, según la jueza titular, en ellas aparecían los agentes judiciales y la difusión de sus rostros constituía un "delito de revelación de secretos", recuerdan desde la plataforma Antirrepresiva de Guadalajara en una nota.

A pesar de que la fotografía fue retirada, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca difundió otra foto del auto de la jueza Cristina Vicenta Guerra Pérez, en la que no sólo se ordenaba la retirada de la imagen, sino que se prohibía con carácter general fotografiar a los agentes judiciales en situaciones similares.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2019, cuando una Comisión Judicial rodeada de agentes de la Policía local y nacional de Guadalajara acudía por sorpresa a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en el Barrio del Alamín, en la que vivía la citada pareja de jóvenes con su bebé.

Vecinas y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sorprendidos por la acción, comenzaron a protestar desde las ventanas y a fotografiar lo que estaba ocurriendo, para luego difundir las imágenes en las redes sociales de la PAH.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha lanzado la campaña #NoInformaras, que ha reunido hasta la fecha casi 70.000 firmas a través de la plataforma Change.org, así como un centenar de autoinculpaciones que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara.

En ellas piden la retirada de todos los cargos, ya que, según denuncian, "el ejercicio de un derecho fundamental como lo es informar a la sociedad de hechos graves como es la actuación de agentes estatales dejando sin alternativa habitacional a niños y niñas sin recursos, no puede ser objeto de enjuiciamiento".

Amnistía Internacional ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso, que viene examinando desde que se hizo público, por la gravedad de las acusaciones que se realizan y el efecto que puede tener para el correcto ejercicio del derecho a la información.