El Juzgado de Instrucción número uno de Guadalajara ha dictado un auto que determina la continuación del procedimiento de Chiloeches (Guadalajara), ocurrido en agosto de 2016, para su futuro enjuiciamiento después de constatar "indicios racionales de criminalidad" en los investigados.

El auto del Juzgado, al que ha tenido acceso Efe, lleva fecha del 8 de octubre y otorga al fiscal y a las acusaciones particulares diez días de plazo (hasta la semana próximas) para que soliciten la apertura de juicio oral o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El auto no es firme y ante él se puede presentar recurso de reforma o recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, en el plazo de tres y cinco días, respectivamente, desde la notificación.

Entre las 19 personas y tres empresas investigadas están el exviceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Sergio David González, y el exalcalde de Chiloeches, César Urra, así como las empresas KUK Medioambiente S.L., Grupo Layna Tratamiento de Residuos y Salmedina S.L., Tratamiento de Residuos Inertes.

Respecto a González y Urra, las diligencias practicadas concluyen que hay "indicios racionales de criminalidad" por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El auto sostiene que se ha constatado que el exviceconsejero "habría otorgado a KUK Medioambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción".

Y sobre el excalde argumenta el delito por "no haber ejercido presuntamente su función de inspección y sanción contra la empresa Investigación y Tratamiento del reciclaje, o posteriormente KUK Medioambiente, durante la época en la que fue concejal de Urbanismo o alcalde de la localidad".

Además, el auto considera que los representantes legales de las tres empresas mencionadas han podido, presuntamente, cometer los expresados delitos contra el medio ambiente y grupo criminal "en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o indirecto, o bien, en el ejercicio de sus actividades sociales".

También subraya que "no se ha aportado documentación u otras diligencias probatorias que acrediten que adoptaron medidas de prevención suficientes para evitar la comisión de los delitos cometidos por sus representantes legales o trabajadores", excepto en el caso de Salmedina que "sí ha facilitado la práctica de diligencias en sus instalaciones colaborando con la investigación".