Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Cuenca un entramado criminal presuntamente dedicado a la explotación laboral en el ámbito agrícola. Operaban desde un local de alimentación en un municipio conquense para captar ciudadanos extranjeros en situación de necesidad o vulnerabilidad.

Durante la investigación se ha liberado a un menor de 15 años de edad que según ha explicado la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cuenca Luz Fernández  "trabajaba de sol a sol en la viña por 5 euros la hora". También han sido detenidos un total de ocho personas, entre ellos los tres líderes de la organización. 

En esta investigación, a la que se ha denominado 'Operación Peral', los detenidos captaban extranjeros en situación de vulnerabilidad y los colocaban en empresas de 10 municipios de las comarcas de La Mancha y La Manchuela. Estos son La Pesquera, Puebla del Salvador, Minglanilla, Graja de Iniesta, Castillejo de Iniesta, Ledaña, Quintanar del Rey y Casasimarro.

Rueda de prensa en la que se ha informado de la operación.

La investigación se inició durante el mes de noviembre del pasado año cuando los agentes recibieron la denuncia de un ciudadano que había sido dado de alta en la seguridad social de manera fraudulenta. Los investigadores pudieron comprobar que el denunciante había sido dado de alta para una empresa en la cual no estaba trabajando y tras varias pesquisas, detectaron que en un municipio de la provincia de Cuenca se estaba utilizando la documentación de extranjeros en situación regular por parte de otras que carecían de permiso de residencia y trabajo. 

Las averiguaciones permitieron constatar la existencia de una organización criminal, integrada por un matrimonio y uno de sus hijos, que desde un establecimiento de alimentación captaban a extranjeros para explotarles laboralmente en tareas agrícolas. Los integraban en cuadrillas supervisadas por la organización para proveer de mano de obra a los propietarios de distintas fincas rústicas de hasta nueve municipios conquenses.

También pudieron comprobar que la red obligaba a los trabajadores a firmar documentación falsa, aprovechándose de su situación precaria, apropiándose además de parte de su salario y explotándoles durante largas jornadas de trabajo en condiciones extremas. 

Entre las personas explotadas se encontraba un menor de edad de 15 años que era sometido a jornadas de trabajo desproporcionadas que impedían su escolarización. Durante el operativo se detuvo a cinco personas como presuntos responsables de un delito de falsedad documental y a los tres líderes de la organización, además, los delitos de usurpación de estado civil, pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos de los trabajadores.

Por el momento la policía tiene documentadas 20 víctimas, personas que la policía ha identificado en el campo. Además, en la tienda que hacía como agencia se encontró documentación de en torno 40 personas, que los agentes piensan que fue usada para dar de alta a las personas de forma irregular.

El jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional Javier Mayordomo ha querido lanzar un mensaje a los empresarios, y les ha pedido que sean "escrupulosos" a la hora de dar de alta a una persona en la Seguridad Social, "cerciorándose al 100% de que a la persona que van a contratar en la que en realidad va a trabajar".

Además, la Policía Nacional va a trasladar toda esta investigación a la Inspección de Trabajo para que hagan también su investigación e inicie los procesos sancionadores si así lo estiman oportuno.