El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, junto a uno de los concejales investigados, José Antonio Barba.
El alcalde de Puertollano y dos concejales declararán como investigados por un presunto delito de acoso
La citación parte de la denuncia efectuada por la que fuera jefa de Urbanismo, Inés Llerena.
Más información: El Ayuntamiento de Puertollano devolverá los 6 meses de sueldo a la funcionaria que suspendió por "hechos muy graves"
El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, el concejal de Seguridad Ciudadana, Planificación, Urbanismo y Limpieza, José Antonio Barba y el edil de Mantenimiento, Obras y Deporte, Javier Trujillo han sido llamados a declarar en calidad de investigados por un presunto delito de acoso ante la denuncia presentada por la que fuera jefa de Urbanismo, Inés Llerena.
Los tres miembros del Gobierno municipal están citados en el Juzgado de Instrucción de la ciudad minera el próximo 25 de noviembre a las 11:00 horas, según ha informado La Tribuna de Ciudad Real.
Una vez que Ruiz y sus concejales presten declaración junto a sus abogados, el magistrado encargado de instruir la causa tendrá que decidir si el asunto continúa hacia la apertura del juicio o lo archiva.
El conflicto se desencadenó en marzo de 2025, cuando la funcionaria presentó la denuncia por acoso laboral ante la situación que decía sentir en el Ayuntamiento.
Cuatro días después, el Ayuntamiento de Puertollano le abría un expediente y la suspendía de empleo y sueldo alegando "hechos muy graves" en el desempeño de sus funciones.
"No puede ser que un ciudadano tarde seis meses en conseguir una licencia de obra, algo inconcebible, o que en ocasiones no se conteste en tiempo y forma a las administraciones cuando realizan sus requerimientos", aseguraba el Ayuntamiento en aquel momento.
Sin embargo, Llerena no interpretó de la misma manera esta acción disciplinaria y la señalaba como "consecuencia directa" de su denuncia contra el alcalde y los dos concejales.
Le reintegraron seis meses de sueldo
Justo un año después de que se abriera el expediente, en marzo de 2026, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano resolvía el trámite y convenía devolverle seis meses de sueldo.
En aquel momento, los representantes legales de Llerena anunciaban que iban a recurrir esta decisión por la vía judicial más allá del recorrido penal que estaba llevando la denuncia por acoso y que ahora ha cristalizado en esta declaración.
Tras un tiempo de baja por estrés, Llerena se reincorporaba a su trabajo en el Ayuntamiento de Puertollano pero ya no como jefa de Urbanismo, sino como jefa de Licencias y Planeamientos, un puesto con menos atribuciones profesionales.
En todo este proceso, la denunciante ha trasladado haberse sentido "totalmente desprotegida" por parte del departamento de Recursos Humanos del Consistorio y de las organizaciones sindicales.
El PSOE pide explicaciones
Por su parte, la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha reclamado explicaciones al PP regional.
"Sería importante que el PP a nivel regional se pronuncie. El alcalde debería preguntarse si merece seguir al frente del Ayuntamiento donde le han denunciado por acoso laboral", ha asegurado.
Asimismo, el secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel González Caballero, ha acusado al Gobierno municipal de "abuso de poder" y ha defendido que la ciudad cuenta con "muchísimas" noticias positivas que deberían contribuir a proyectar su imagen fuera del municipio.
"Puertollano no se merece un Gobierno municipal que haga un uso particular de los recursos públicos o ejerza abuso de poder sobre los trabajadores municipales", ha afirmado.
Apoyo de IU
De otro lado, el grupo municipal de Izquierda Unida ha mostrado su apoyo a la funcionaria y ha considerado de "extrema gravedad" que el alcalde y dos concejales hayan sido citados a declarar como investigados.
El grupo ha reclamado que se garantice la protección de la trabajadora y el respeto a sus derechos. Y ha expresado su "preocupación y profundo pesar" por lo ocurrido, trasladando su "apoyo y solidaridad" a la funcionaria.
"Será la Justicia la que deberá esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades", ha sentenciado.
