Félix Solís, consejero delegado del Grupo Félix Solís Avantis S.A. ha sido condenado a una pena de 6.000 euros de multa por extraer más de un millón de metros cúbicos de agua de pozos ilegales en varios municipios de la provincia de Ciudad Real entre los años 2008 y 2012.

El empresario se ha sentado en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Ciudad Real para responder de los delitos por los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Estos lo acusaban de un delito de continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente o un delito continuado de distracción de aguas, por el que finalmente ha sido condenado.

Solís ha reconocido que, durante casi cinco años, mediante captaciones que no tenían derecho alguno de riego reconocido ni expediente en trámite en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), regó una superficie superior y distinta a la reconocida. Así, extrajo de forma no autorizada aguas subterráneas de pozos de distintos términos municipales como Alcubillas, Montiel y Alhambra. Tras las mediciones de la CHG y la pericial que realizó la Unidad Técnica de la Fiscalía General del Estado, se cifró entre 966.762 y 1.219.455 metros cúbicos de agua los extraídos.

Según informa la Agencia EFE, debido a un acuerdo entre las partes, se ha retirado finalmente la acusación el delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que la Fiscalía solicitaba una pena de 2 años de cárcel, mientras que la acusación particular solicitaba 4 años.

Satisfacción con la condena

Por su parte, el abogado de la acusación particular, Juan Manuel Lumbreras, ha mostrado satisfacción debido a que se han reconocido los hechos denunciados. "La sentencia reconoce que hay un delito de detracción de aguas, por lo que además de la pena de multa de 6.000 euros a pagar una responsabilidad civil subsidiaria al Gobierno de Castilla-La Mancha, cantidad que se estimará en función de los procesos administrativos y lo que haya pagado hasta la actualidad Félix Solís.

De su lado, el abogado de la defensa, José González, ha expresado que "los acuerdos son buenos para todo el mundo". "Los hechos más graves que imputaba la Fiscalía no tenían ningún sustento legal. La propia Fiscalía ha propuesto un cambio por una cuestión menor, en este caso, la detracción de aguas, donde la imposición no es un delito de prisión como inicialmente pedía, sino una pena de una multa, que ha quedado en 6.000 euros".

"Creíamos que teníamos medios suficientes para desvirtuar los hechos, pero hemos preferido llegar al acuerdo antes que quedar en manos de lo que pudiera mantener la magistrada de la sala".