Comisiones Obreras ha contabilizado una decena de grandes asentamientos irregulares en la capital albacetense, que entre abril y septiembre agruparon a casi 800 migrantes, casi la mitad de ellos procedentes de países del Este y trabajadores del campo.

El responsable de Políticas Sociales del sindicato, Juan Zamora, junto con la secretaria provincial, Carmen Juste, han presentado este viernes un informe que analiza la existencia de campamentos irregulares ocupados por personas migrantes en la provincia de Albacete que, a su vez, incluyen 13 sub-asentamientos entre los que se encuentran poblados chabolistas.

Según Zamora, Albacete capital es el municipio de la provincia con mayor población migrante “malviviendo” en asentamientos ilegales, si bien también se han detectado grandes grupos de trabajadores extranjeros en Hellín y Tobarra, algunos de los cuales mantienen alquiladas viviendas particulares desde hace muchos años, así como en Balazote y Barrax, donde “suelen vivir en naves más acondicionadas”, ha añadido.

"Más de 15 años de antigüedad"

Zamora ha asegurado que la demolición en verano de 2020 de las naves de la carretera de las Peñas, conocidas como ‘Casa Grande’, no ha impedido la proliferación de asentamientos ilegales en la capital que, según ha subrayado, tienen “más de 15 años de antigüedad” y ha calculado en unos 800 el número de trabajadores migrantes que ocuparon alguno de estos asentamientos entre abril y septiembre de este año.

De ellos, prácticamente el 50 por ciento son ciudadanos de países del Este, mayoritariamente de Rumanía y Bulgaria, mucho más estables en las ciudades y autores de sus propias chabolas, y el resto está conformado por trabajadores del Magreb y subsaharianos procedentes fundamentalmente de Senegal, Mali y Guinea Conakry.

Tras el resultado de este informe, Juan Zamora ha valorado la iniciativa de ayuntamientos de Albacete, Balazote, Casas de Juan Núñez o Villalgordo de trabajar sobre una nueva ordenanza de habitabilidad para trabajadores del campo y ha instalado al resto de municipios a trabajar en esta misma línea, sobre todo porque muchos de los trabajadores del campo “viven en la provincia de una forma estable, ya no son temporeros”.

El dirigente sindical ha considerado en este sentido que las ordenanzas de habitabilidad son “importantes y necesarias” desde el momento en que los trabajadores migrantes sufren serias dificultades para acceder a una vivienda en renta, “nadie les quiere alquilar”, ha denunciado Zamora, al tiempo que ha corroborado la mala praxis de algunos agricultores “que les cobran 300 euros por empadronarlos en sus casas o 3.000 euros por hacerles falsos contratos”, ha concluido.