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Los Ribereños afean las "trabas" de López Miras al trasvase Tajo-Segura: "Un cambio de Gobierno no deroga al Supremo"

La asociación cita tres sentencias del Supremo y la Directiva Marco del Agua para defender el cumplimiento de los caudales ecológicos.

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La Asociación de Municipios Ribereños ha acusado al presidente murciano, Fernando López Miras, de "despreciar al Tribunal Supremo" y actuar con "irresponsabilidad institucional" tras anunciar que pondrá "todas las trabas" a las nuevas reglas del trasvase hasta que Feijóo llegue al Gobierno y las retire.

López Miras afirmó este domingo, a través de su cuenta de X, que el Gobierno de Murcia "da estabilidad, tranquilidad y soluciones a los ciudadanos" y aseguró que no van a "generar problemas como hace Sánchez".

Ante estas declaraciones, los Ribereños han considerado "impropio de un gobernante y terriblemente peligroso para la opinión pública" presentar como una batalla contra el Gobierno de España, lo que, a su juicio, supone enfrentarse a "un marco jurídico construido durante años por los tribunales, la legislación española y el Derecho europeo".

"Es cuanto menos sorprendente que un presidente regional anuncie que se va a saltar la ley y las sentencias del Supremo para defender a sus amigos", han señalado desde la asociación, que ha defendido que López Miras puede "recurrir, discrepar y defender los intereses de Murcia", pero debe asumir que "las sentencias no desaparecen porque cambie el Gobierno".

Los Ribereños hablan de "insubordinación institucional"

Para la Asociación de Municipios Ribereños, anunciar que se pondrán "todas las trabas posibles" hasta que gobiernen "los suyos" supone "una forma de insubordinación institucional impropia de quien representa a una comunidad autónoma".

"No puede aceptarse que un presidente convierta el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales en algo provisional, pendiente de que cambie el color político de La Moncloa", han afirmado.

Los Ribereños han recordado además los diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo. En junio de 2024, el Alto Tribunal desestimó el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Plan Hidrológico del Tajo y rechazó los argumentos planteados contra los caudales ecológicos.

En enero de 2025, el Supremo también desestimó el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023 y rechazó los motivos de nulidad planteados contra la planificación hidrológica y el procedimiento seguido para establecer los caudales ecológicos.

El último pronunciamiento, según los Ribereños, se produjo el pasado 13 de mayo, cuando el Supremo desestimó íntegramente el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra el Plan Hidrológico del Tajo.

El tribunal rechazó tanto la petición de nulidad del plan como, de forma subsidiaria, la anulación del régimen de caudales ecológicos del eje del Tajo, además de imponer las costas del procedimiento.

La asociación considera que estos antecedentes hacen "difícil entender qué pretende exactamente saltarse López Miras".

A su juicio, tendría que enfrentarse a "las sentencias que obligaron a establecer los caudales ecológicos", a las resoluciones posteriores que rechazaron los recursos contra ellos, al propio Plan Hidrológico del Tajo y a la legislación europea.

Los Ribereños han calificado de "intolerable y ajeno a la responsabilidad que debe exigirse a un gobernante" anunciar la intención de pasar por encima de este marco legal y judicial para defender, según han señalado, "el interés económico de unos pocos empresarios".

En este sentido, han puesto también el foco en la Directiva Marco del Agua, que obliga a los Estados miembros a proteger las masas de agua, evitar su deterioro y alcanzar un buen estado ecológico.

Según la asociación, el propio Tribunal Supremo ha vinculado los caudales ecológicos del Tajo con estos objetivos ambientales europeos.

Los Ribereños han reconocido que López Miras tiene derecho a reclamar un cambio en las reglas o recurrirlas por las vías previstas en el Estado de Derecho.

Sin embargo, han advertido de que "lo que no puede hacer es instalarse en una posición de insubordinación institucional y prometer que bastará con que gobiernen los suyos para hacer desaparecer sentencias, obligaciones ambientales y legislación europea".