Firma de postales.

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Región

Casi 300 postales dirigidas a Page exigen el "derecho al aborto en la sanidad pública" de Castilla-La Mancha

Los firmantes denuncian "el incumplimiento de la Junta de su obligación de garantizar el acceso a este derecho".

Más información: Castilla-La Mancha activa el registro que obligará a los médicos objetores al aborto a figurar en una lista

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Organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han recogido 275 postales firmadas para dirigirlas al presidente regional, Emiliano García-Page, con el lema 'Exijo que todas las administraciones garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso'.

Las postales expresan la preocupación de las organizaciones ante el "incumplimiento de la Junta de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad pública".

Así ha informado Amnistía Internacional, detallando que la firma y presentación de postales da continuidad a las acciones impulsadas por diversas organizaciones y recuerdan las concentraciones celebradas durante los últimos dos años en las capitales de provincia, en el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.

Postales.

Postales.

"Incumplimiento de la ley"

Según las organizaciones, cada año más del 60 % de las mujeres de Castilla-La Mancha que quieren abortar "tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto".

"De los 7.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región", han denunciado.

Además, han afirmado que el 99,94 % de los abortos se realiza en clínicas privadas/concertadas, "lo que evidencia un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional".

"La Junta no ha informado de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga el artículo 19 bis 2 de la Ley 1/2023. Los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo", han expresado.

Además, denuncian que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo "se reduce" al teléfono Salud Responde. "No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar", han sentenciado.

Médicos objetores

Por su parte, la Junta ha defendido en varias ocasiones que la gran mayoría de los sanitarios de hospitales públicos están acogidos a la objeción de conciencia, por lo que no practican interrupciones voluntarias a menos que haya riesgo en la salud de la madre o del feto.

A finales de 2024, el Gobierno de Castilla-La Mancha inició los trámites para desarrollar un registro de sanitarios objetores de conciencia al aborto, cumpliendo con la reforma de la Ley del Aborto de febrero de 2023. Una plataforma para "crear y regular el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo".

No obstante, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) mantiene convenios con varias clínicas que realizan interrupciones del embarazo sin coste alguno.