Audiencia Provincial de Toledo.
Confirmado para 2026: el Gobierno creará 21 plazas de jueces en Castilla-La Mancha para reforzar los tribunales
La distribución de las plazas se realiza según litigiosidad, población y cargas de trabajo de cada comunidad.
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El Gobierno central reforzará los tribunales de Castilla-La Mancha en 2026 con la creación de 21 nuevas plazas judiciales, destinadas principalmente a los tribunales de instancia y a la Audiencia Provincial de Toledo, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
De las 21 plazas que se incorporarán en la región, 20 se destinarán a tribunales de instancia (TI) y una a la Audiencia Provincial de Toledo. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados se encuentran los de Guadalajara, Toledo, Albacete, Ocaña, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano e Illescas.
En total, el Ejecutivo creará 500 nuevas plazas judiciales en todo el país, lo que supone un "récord posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", que introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente.
Este nuevo modelo elimina los antiguos juzgados compuestos por un único juez y su equipo, sustituyéndolos por tribunales de instancia colegiados con diversos jueces y una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
Nuevas incorporaciones
Del total de las 500 plazas, 363 se destinarán a tribunales de instancia, 2 al Tribunal Central de Instancia y 85 a órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) y el Tribunal Supremo (3).
Las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, movibles según las necesidades y la carga de trabajo de los tribunales.
Con estas incorporaciones, la planta judicial española, que actualmente cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5 % en un solo año.
Según el Ministerio, la distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad, la población de cada comunidad autónoma, los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de los tribunales superiores de Justicia y de las comunidades con competencias transferidas.
