Castilla-La Mancha denuncia que seguirá infrafinanciada: "Es un modelo injusto y acordado bajo chantaje"

Castilla-La Mancha seguiría por debajo de la media de recursos por habitante con el nuevo modelo de financiación autonómica presentado el pasado viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según las estimaciones realizadas por el Gobierno regional.

Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha lamentado que el Ejecutivo central no haya ofrecido información detallada a las comunidades autónomas, obligándolas a "hacer estimaciones en precario" al no conocer "la letra pequeña" de la propuesta.

La reforma del modelo se presentó solo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibiese en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras. Según Ruiz Molina, es "fruto de un acuerdo bilateral entre el Estado y los independentistas catalanes", dado a conocer "después de que ERC haya dado su visto bueno".

Ruiz Molina tilda de "regresivo" el modelo de financiación autonómica: "Beneficia a Cataluña y condena a nuestra región"

De acuerdo con los cálculos realizados por la Junta en base al dosier de prensa difundido por el Ministerio, Castilla-La Mancha se situaría "en el 98 % de la media de financiación por habitante", lo que confirmaría que la región seguiría infrafinanciada pese al cambio de modelo.

"Estoy hablando de estimaciones que hemos realizado en base a la información del dosier de prensa. Los gobiernos de las comunidades autónomas merecemos información fidedigna", ha subrayado.

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Ruiz Molina ha reconocido que Castilla-La Mancha sería una de las comunidades donde más aumentaría la financiación en términos absolutos, con un incremento estimado de 1.248 millones de euros, aunque ha advertido de que "lo importante no es el incremento, sino el resultado final".

En este sentido, ha señalado que es "normal que haya más dinero", teniendo en cuenta que el actual modelo lleva 11 años caducado y que la recaudación tributaria ha crecido de forma notable en este periodo, pero ha insistido en que "el problema es cómo se reparte la tarta".

El consejero ha denunciado que ese reparto es "injusto" y que beneficia a Cataluña, y se ha preguntado por qué "curiosamente" se incluye a esta comunidad entre las regiones con mayores incrementos, junto a territorios históricamente infrafinanciados como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha.

A su juicio, la explicación está en que se trata de "un modelo injusto y acordado bajo el chantaje de los independentistas, que solo buscan privilegios para su comunidad autónoma".

Ruiz Molina ha cargado contra una propuesta que considera "negociada bajo el chantaje de los independentistas", cuyo "único objetivo es obtener privilegios", y ha advertido de que "si hay privilegios para unos, hay desventajas para otros".

Además, ha calificado el modelo de "totalmente regresivo", al consagrar la ordinalidad, lo que implica que "las comunidades con mayor riqueza tienen mayor financiación". Esto, ha explicado, condena a las regiones con menor capacidad tributaria a "prestar servicios públicos en peores condiciones".

"Se está defendiendo que quien más tiene, más recibe", ha señalado, preguntándose "si esto es defendible por un Gobierno socialista". A su juicio, la propuesta supone "un ataque sin paliativos al principio de igualdad", que debe garantizar que todos los territorios puedan prestar los servicios esenciales "en iguales condiciones de calidad, independientemente de la riqueza de sus ciudadanos".

El consejero también ha criticado el diseño de la población ajustada y ha lamentado que "no se haya recogido ninguna de las propuestas realizadas por las comunidades autónomas", pese a "años aportando documentos". En el caso de Castilla-La Mancha, ha recordado que "hay mucha superficie y mucha dispersión", factores que "no se recogen" en el modelo.

Pese a todo, Ruiz Molina ha confiado en que la propuesta presentada por el Ministerio sea "un documento de partida" y no "un contrato de adhesión", y ha expresado su deseo de que se pueda abrir una negociación real con las comunidades autónomas.

No obstante, ha reconocido sus dudas y ha advertido de que "no sabe si el chantaje al que está sometido el Gobierno de España lo permitirá".