Montero aparca la cesión del IRPF a Cataluña para no descuadrar el ‘sudoku’ de la financiación autonómica

El encuentro entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente Pedro Sánchez de este jueves ha dejado de lado ese tema ante la dificultad de llegar a un acuerdo. Desde Cataluña se plantea acceder, en principio, a la gestión y recaudación del IRPF. Y hacer esta operación después, poco a poco, con todos los impuestos.

Pero desde la Generalitat saben que es imposible abarcar toda la operativa necesaria con la todavía incipiente agencia tributaria catalana. Hasta que eso sea posible, se prepara un modelo transitorio para compartir la gestión tributaria desde la Agencia Estatal.

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Mientras ese entramado técnico de la recaudación se desarrolla a lo largo de este año, la idea de Hacienda es poner las bases de un nuevo sistema de financiación autonómica, pero negociando pactos a medida en cada región con un aumento previsto de 18.000 millones a repartir entre todas.

De momento se conoce el acuerdo alcanzado con Cataluña, que comporta un incremento de 4.700 millones de euros acompañados de un principio de ordinalidad. Es decir, que recibirá casi tanto como aporte.

Sin embargo, la gran incógnita es saber qué va a ocurrir con las demás autonomías. Sobre todo porque no está claro que se puedan separar las bases del reparto de fondos (población ajustada, fondo de solidaridad, bonificaciones autonómicas, etcétera) de la gestión y recaudación del IRPF o el IVA.

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Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) tienen muy claro que es imposible disociar una cosa de la otra. Sobre todo ante la pretensión declarada de los independentistas catalanes de tener el control de todos los tributos que allí se pagan.

Su presidenta, Ana de la Herrán, ha advertido en varias ocasiones del "tremendo riesgo que hay sobre la mesa" si se cede ante las pretensiones de Cataluña y se rompe la unidad de la Agencia Tributaria. "Con una agencia fraccionada sería imposible realizar las labores de inspección que ahora desarrollamos", asegura.

Llegar a un acuerdo previo sobre los ingresos que correspondan a cada cual, cambiando las reglas de un modelo que está obsoleto (es de 2009), "no es más que el primer paso para lo que luego se pretende", alerta De la Herrán.

Cabe recordar que ERC mantiene congelada una proposición de ley en el Congreso para ceder a la Generalitat los medios necesarios para crear una agencia tributaria propia capaz de recaudar todos los impuestos. Si se tomara en consideración, daría al traste con la estrategia de Montero de cerrar un acuerdo previo del modelo de financiación.

Coste político "sideral"

Desde el punto de vista político, plantear ahora ante todos los españoles la cesión de algo tan importante y solidario para cada hogar como el IRPF a Cataluña tendría un coste electoral inasumible para la coalición de Gobierno.

Uno de los aspectos que más se critican desde el punto de vista técnico es la aplicación del principio de ordinalidad en el reparto de ingresos. "Dar más a quien más aporta va en contra de la progresividad que la Constitución plantea para el sistema tributario", advierten fuentes académicas consultadas.

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Desde Hacienda se insiste en que todas las CCAA tendrán más ingresos y las mismas opciones de recaudación. Este viernes la ministra presentará el ranking de aportaciones autonómicas a los ingresos del Estado y el cálculo inicial de las necesidades de financiación de cada una de ellas que se ha estimado.

La ministra ya advirtió que en ese baremo se tendrá en cuenta la infrafinanciación histórica que algunos territorios han sufrido, como la propia Cataluña (a la que se reconocen 4.700 millones más de ingresos) y otros territorios del arco mediterráneo.

Y en ese cálculo se supone que se revisarán, además, las bonificaciones que algunas comunidades aplican (sobre todo la de Madrid) en impuestos cedidos, como el de Patrimonio o Sucesiones. La idea de Montero era penalizar a quienes bajan impuestos pero piden más recursos al Estado.

La resolución de ese sudoku no será fácil. Francisco de la Torre, autor del libro La factura del cupo catalán y uno de los mayores expertos en fiscalidad autonómica, tiene muy claro que el Gobierno trata ahora de "evitar el coste electoral que supone romper la Agencia Tributaria".

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La cuestión para De la Torre es que se parte de una premisa falsa: "Se da más dinero a Cataluña porque dicen que está infrafinanciada pero no es así: el problema es que gastan más que nadie", asegura.

"Esa es la clave de que quieran recaudar ellos todos los impuestos -asegura-, pero meter ese tema ahora en la negociación tendría un coste político sideral para el PSOE y el Gobierno".

Dinero rápido

Como reclamo para mantener aparte la negociación de la recaudación de impuestos por parte de las CCAA, el Gobierno plantea la opción de aumentar la parte que va directamente a las arcas autonómicas. Y no solo eso, que les llegue en tiempo real, sin pasar por la Hacienda estatal primero, como ahora.

Ahora, las comunidades tienen cedida la recaudación del 50% del IVA y del IRPF en su territorio, además del 58% de los impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos) y la totalidad de otros tributos, como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.

A falta de conocer los detalles del nuevo modelo, la idea pasaría por aumentar algunos de esos porcentajes de cesión, a sabiendas de que tanto IVA como IRPF suman la mayoría de los ingresos impositivos del Estado. Eso es tener más dinero mucho antes, en lugar de esperar al FLA y a las denostadas entregas a cuenta del Estado.

Lo que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, planteó en el congreso de sus colegas de profesión, los inspectores, sería compartir la gestión de la Agencia Tributaria con las CCAA, en red y sin romper su base de datos.

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Esa opción, que suena bien en el colectivo inspector, puede ser una solución a medio plazo. Pero choca con la intención declarada de los grupos soberanistas catalanes de tener controlada la gestión y recaudación de todos los tributos.

Otra cuestión no menos importante a saldar en ese aspecto es la capacidad normativa que se cede a las CCAA para variar, bonificar o mover impuestos.

La ley establece que sólo el Estado puede crear tributos, pero la autonomía financiera del artículo 156 de la Constitución permite a las diferentes haciendas autonómicas establecer modificaciones que se adapten a su base de contribuyentes.

En esa pugna legal está el enfrentamiento del Gobierno con la Comunidad de Madrid y otros territorios gobernados por el PP. La batalla está servida.