La financiación singular de Cataluña amenaza la liquidez del Estado: pone en riesgo pensiones y más gasto social

Los propios negociadores han admitido en varias ocasiones en que se trata de "coger músculo" para avanzar más adelante, pero sin calcular ninguno de los costes que plantean y que, según alertan varios asesores autonómicos y economistas, ponen en peligro la financiación básica del Estado.

La aplicación del principio de ordinalidad asegura que Cataluña y Madrid van a aportar más y a recibir más, pero todos los expertos consultados advierten que nadie en otras CCAA va a permitir que el resultado sean menos ingresos para su territorio.

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El documento de mínimos que salió de la comisión bilateral deja una serie de agujeros negros sobre lo que puede ser un futuro modelo de financiación autonómica a la catalana, donde sólo hay una cosa segura: será el Estado el que pierda liquidez para que las CCAA tengan más.

Ese freno a la caja del Estado choca con el aumento de gastos que sufre tras varios años de prórroga de Presupuestos.

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En esa cuenta hay que incluir los casi 50.000 millones que aporta a las pensiones, los 30.000 millones de intereses de la deuda o los costes de la dependencia, los ERTEs y otras medidas sociales a cuenta estatal.

El Gobierno se marca cada año el techo de gasto (199.000 millones en 2025) para cumplir con las reglas fiscales europeas, donde se incluyen partidas fijas de lo que los economistas llaman el "gasto constreñido" del Estado, que peligran ante un modelo de financiación del que es imposible calcular el coste.

A esa cuadratura de cuentas se enfrenta además el obligado aumento de los gastos en Defensa, que se han puesto en 33.000 euros en apenas seis meses (2% del PIB), pero que amenazan con duplicarse bajo la presión de la OTAN.

Las fuentes consultadas entre expertos en materia fiscal y macroeconomía advierten del elevado riesgo de que esa nueva financiación con más dinero para todos, suponga también el establecimiento de algún impuesto nuevo o la subida de los que quedan en manos del Estado.

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El documento de la comisión bilateral España-Cataluña advierte que con un nuevo modelo habrá más claridad en unas cuentas públicas marcadas ahora por las transferencias del Estado, pero eso no garantiza más ingresos y menos gastos.

Al contrario, a cierre del ejercicio pasado, ni el Estado ni trece comunidades autónomas habían cumplido con los límites de déficit y gasto marcados desde Bruselas.

Sin modelo

El pacto bilateral alcanzado con Cataluña se salta el compromiso del Gobierno de presentar un sistema general aplicable para todas las CCAA tras la consulta realizada a los expertos hace ocho años, que ahora se ha obviado y cuyas recomendaciones no se contemplan.

Al contrario, al proponer un modelo catalán con la intención de que sirva para "quien lo quiera aplicar", hace necesario reformar a medida leyes tan importantes como la LOFCA o la de financiación autonómica, algo casi imposible de lograr en el Congreso, incluso con el apoyo de vascos y catalanes.

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De hecho, lo único palpable por el momento es crear un grupo de trabajo que ordene todo lo que hay que hacer a partir de septiembre, desde las reformas legales a definir el papel que debe jugar la Agencia Tributaria Catalana frente a la estatal para asumir la gestión de los tributos.

Los nacionalistas catalanes admiten que hay que llegar a un pacto entre haciendas para no perder terreno en la lucha contra el fraude, dado que una separación de datos sin más sería una puerta abierta para los defraudadores y recortaría en gran medida los ingresos.

Quién calcula el Cupo

El otro gran agujero negro que se plantea en el acuerdo entre Gobierno y Generalitat es el cálculo de los dos pagos que Cataluña debe hacer al Estado cada año: uno por los servicios comunes que se le prestan (Cupo) y otro como aportación solidaria al resto de CCAA más pobres.

En el caso de Cataluña hay que calcular incluso el coste de algunos servicios singulares, como tener una policía propia o la gestión de áreas que antes eran del Estado, que habría que descontar del pago del Cupo.

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Cabe recordar que la contabilidad de esos servicios de los que la autonomía libera al Estado fueron los que provocaron un cupo negativo en el País Vasco.

Lejos de esa posibilidad, en esa cuenta se incluirá la aportación al fondo de solidaridad que haya que repartir entre otras CCAA de menor renta, para que nadie pierda con un sistema que ha nacido por la exigencia política del independentismo catalán.