La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Los inspectores de Hacienda piden a las CCAA que se unan para recurrir ante el TC la Agencia Tributaria Catalana
Exigen a la ministra de Hacienda que aclare si se producirán o no traslados forzosos de funcionarios a la entidad que controlará la Generalitat.
Más información: El Gobierno admite que empieza un difícil proceso de años que troceará la Agencia Tributaria del Estado.
Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) vuelven a la carga contra la creación de una Agencia Tributaria Catalana, por entender que se está haciendo sin respaldo jurídico y atenta a principios constitucionales como la igualdad y la solidaridad interterritorial.
Para frenarlo, han pedido al resto de las CCAA que se unan para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que permite adaptar la agencia catalana a “necesidades y nuevas funciones derivadas del sistema de financiación singular” de la Generalitat.
Desde la asociación de inspectores recuerdan que ellos no tienen capacidad jurídica para recurrir esa norma ante el TC, pero sí la tienen las autonomías que se vean perjudicadas o sufran algún tipo de agravio comparativo por algo que se está haciendo al límite de la legalidad.
De hecho, la Asociación de Inspectores ya recurrió ante el Constitucional el pasado 30 de julio el decreto (no decreto ley) 142/2025 del 22 de julio por el que se crea el comisionado y el consejo asesor para el desarrollo de la hacienda catalana.
Ese recurso iba en paralelo con la denuncia de que un eventual traslado de personal funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) era una vulneración de su régimen jurídico interno.
![Juan Alfonso Ruiz Molina y María Jesús Montero en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/09\/16\/actualidad\/1003743926825_258731400_320x180.jpg"])
"Cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político", alertaban los inspectores.
Dos meses después y ante el desarrollo normativo interno que se hace para conformar la Hacienda catalana, los inspectores siguen sin tener ningún tipo de explicación de la ministra de Hacienda. "Sigue sin aclarar si se producirán o no traslados de funcionarios a la Agencia Tributaria
catalana", lamentan.
Los inspectores están preocupados ante la proposición de ley que ERC ha presentado en el Congreso, para la transferencia “de los medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos” en relación con delegación de competencias en materia de IRPF, en un plazo de seis meses.
Esa intencionalidad política contrasta con el reconocimiento por parte de las autoridades catalanas de la falta de medios personales y técnicos para llevar a cabo la recaudación de todos los impuestos, como han pactado con el Gobierno.
Sin personal
Los inspectores de Hacienda advierten que, a día de hoy, la Agencia Tributaria Catalana no pasa de una treintena de inspectores y sin respaldo técnico o informático para llevar a cabo sus actuaciones. La plantilla total de funcionarios de la Generalitat para gestionar los impuestos cedidos supera los 800.
Frente a ello, la Agencia Tributaria estatal mantiene una dotación de más de 4.200 personas en la comunidad autónoma para las labores de recaudación, gestión e inspección de los principales tributos.
![La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/08\/29\/espana\/1003743904402_258319323_320x180.jpg"])
Ese colectivo acumula los datos sobre fraude y revisiones que se realizan en la comunidad, algo básico si se quiere tener una recaudación efectiva y un know how muy difícil de traspasar a una plantilla catalana que todavía no existe.
El decreto de inicio de la gestión tributaria en Cataluña mantiene la celebración de oposiciones para poder dotar a su futura Hacienda de personal cualificado.
Los inspectores del Estado advierten que eso generará un "despilfarro de recursos sin justificación económica, instaurando mayores costes y cargas administrativas".
"Se está desarrollando un régimen jurídico basado en una entelequia que no tiene en la actualidad ningún amparo legal", explican los inspectores.
Pese al acuerdo logrado con el Gobierno para traspasar la recaudación de los impuestos a la Generalitat, desde sus propias fila advirtieron que están aún lejos de ser capaces de gestionar figuras tan complejas como el IRPF hasta dentro de dos años.
