El Gobierno tienta a los barones del PP con una financiación a la catalana que les da el control de sus ingresos tributarios

Esa es la clave que maneja Hacienda para convencer a los barones del PP a que accedan a debatir el cambio de sistema de financiación autonómica y el reparto de los ingresos tributarios: un acceso en tiempo real a los fondos de cada tributo que se comparta, sin romper la unidad de información ni la gestión del sistema.

El Congreso de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previo a la elaboración de los Presupuestos se convocará de forma "inminente", tanto para discutir el techo de gasto, déficit y deuda, como para hablar de esta propuesta, en la que Hacienda avanza, si es necesario.

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Los responsables de Hacienda de las autonomías del PP dieron plantón a la última reunión del CPFF, como protesta por una reforma de la financiación que se estaba pactando solo con Cataluña (el Cupo catalán).

Desde las filas socialistas entienden que la promesa de que lo que se está preparando -que ya se ha firmado con la Generalitat- permitirá a cada CCAA obtener más dinero y en tiempo real, con una mecánica de gestión "voluntaria" que no discrimine a nadie, es un avance a valorar que tienta a los barones del PP.

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Por ahora, el enfrentamiento es total. Ninguna de las autonomías del PP se ha prestado a negociar con Hacienda la quita de deuda que se les ha ofrecido por delante, para acceder con menos trabas a la financiación externa, aunque algunos lo valoraron.

Esta nueva idea viene a abrir más las opciones para buscar el apoyo de las CCAA, aunque sólo sea para negociar en el seno del CPFF. El mero hecho de sentarse en la mesa rompería el bloqueo férreo que sobre financiación tiene impuesto el partido de Alberto Núñez Feijóo a nivel estatal.

Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda y con una carrera completa en la Administración con gobiernos de uno y otro signo, fue el encargado de lanzar la propuesta este viernes en la clausura del Congreso de los inspectores fiscales en Salamanca.

La Asociación de Inspectores habían insistido en el riesgo que se corre con el modelo singular catalán, tal y como se conocía tras el acuerdo de legislatura de PSOE y ERC, de romper la Agencia Tributaria y vulnerar los principios de igualdad y solidaridad de la Constitución.

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Ha sido el colectivo más beligerante contra el traspaso de competencias y de recursos técnicos y humanos a Cataluña para que gestione sus tributos y tenga su propia Agencia Tributaria.

Frente a ello y a pesar de reconocer que parte de lo propuesto ya se ha "firmado" con la Generalitat, Gascón (también inspector) les aseguró que "no es una delegación inconcreta o incondicionada de una competencia clave para la gestión del sistema tributario".

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Se trata de un modelo de gestión compartida de los tributos, con la potencia tecnológica e informática de que dispone el Estado en la Agencia Tributaria. Pero abriendo la puerta a que entren en ese sistema en tiempo real las CCAA que deseen gestionar sus propios impuestos.

Aclaró que es sólo el embrión de un modelo, que requerirá más o menos cambios legislativos sobre la normativa actual (Lofca) en virtud de lo que cada autonomía quiera profundizar en su gestión.

Por lo pronto, la capacidad de ordenar liquidaciones de impuestos es sólo del Estado y así seguirá siendo, a no ser que se cambie la normativa. Pero incluso esa opción cabe compartirla con las CCAA de forma técnica y sin posturas cerradas.

Si toda la información se guarda y se comparte en la Agencia Tributaria estatal, se evita además romper el modelo y dar oxígeno a las bolsas de fraude que se pueden generar con administraciones tributarias autonómicas propias sin apenas medios.

Nuevo reparto

La gestión centralizada y compartida permitiría delimitar el dinero que cada CCAA recauda por tipo de impuestos. Ese montante, una vez pasados todos los filtros de control legales, no llegaría al Estado para ser repartido a posteriori, sino que llegaría de forma directa y al mismo tiempo a la CCAA que corresponda.

Es cierto que para que esa estructura funcione, deben establecerse unas nuevas reglas de reparto del sistema de financiación actual, sin cambiar desde 2009 y que se ha quedado obsoleto. Pero si se está de acuerdo en la gestión, se facilitan mucho las cosas con los baremos de reparto.

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Una clave que juega a favor del Gobierno y que el secretario de Estado también ha dejado caer es el buen momento por el que pasa la recaudación. Crece a ritmo de dos dígitos. Su reparto a priori es un caramelo difícil de rechazar por las autonomías.

Para dar más facilidades, Gascón, como técnico y experto en tributos, hizo un guiño a las CCAA más reticentes con la promesa de ir avanzando poco a poco en los aspectos técnicos y tecnológicos a lo largo de 2026, de forma que cada cual pueda adaptarse de la mejor manera y tenga su dinero en tiempo real cuanto antes.

La Administración del Estado, con su tecnología e información, puede abrirse a que las autonómicas puedan colaborar de manera concurrente en la gestión de los impuestos", explicó.

IRPF e IVA son los dos principales impuestos a tener en cuenta en los inicios del sistema, pero en su foco entrarían también todos los tributos que ahora están cedidos a las CCAA.

Es un "modelo en red, no rígido; puedes elegir si estás o no estás y con qué grado de intensidad", insistió el secretario de Estado para convencer a las CCAA del PP. "Un camino para avanzar, no una cesión indeterminada de la gestión del sistema".