El silencio no se compra con 1.245 millones: Page rechaza por principios la financiación autonómica de Sánchez y ERC

El nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y presentado este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contempla que Castilla-La Mancha reciba en 2027 hasta 1.245 millones de euros más que con el sistema actual, caducado desde hace más de una década.

Según los cálculos trasladados por el Ministerio de Hacienda, la región castellanomanchega sería la quinta comunidad autónoma que más incrementaría su financiación en términos absolutos. Solo quedarían por delante Cataluña (4.686 millones), Andalucía (4.846), Comunidad Valenciana (3.669) y Madrid (2.555).

Sin embargo, el aumento de recursos no ha servido para suavizar el rechazo del presidente autonómico, Emiliano García-Page. Al contrario. El dirigente socialista ha dejado claro que no respalda el modelo "bajo ningún concepto" y ha cargado con dureza contra un sistema que, a su juicio, nace de un pacto político con ERC y no de una negociación multilateral con las comunidades autónomas.

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"Antes de que decidan los que quieren romper España, prefiero que hablen los españoles y lo hagan muy claro. Ya está bien de barrer siempre para los mismos", ha asegurado Page, que ha llegado a pedir la convocatoria de elecciones generales.

Para el presidente castellano-manchego, el acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras supone un "atropello" y un "suicidio político de la izquierda", al romper cualquier lógica de progresividad. En su opinión, el nuevo sistema permite que las comunidades que más aportan a la caja común acaben siendo también las que más reciben.

Durante su intervención tras inaugurar el nuevo centro de salud de Alcoba de los Montes (Ciudad Real), Page ha rechazado el argumento del incremento global de fondos. "No me vale que el pastel sea más grande", ha afirmado, recordando que "llevamos 11 años esperando que se hornee y ahora nos encontramos con que solo se ha pensado en el trozo de un territorio".

Población ajustada

Una de las principales novedades del modelo presentado por Montero es la actualización del cálculo de la población ajustada, con el objetivo de que "se adapte a las singularidades de las comunidades y a las necesidades de financiación".

El criterio con mayor peso es la población protegida equivalente (38 %), que amplía los tramos de edad de siete a 20 grupos. El padrón de habitantes representa el 30 % del cálculo.

El tramo de 0 a 17 años concentra el 17 % para sostener la inversión educativa, mientras que los jóvenes de entre 18 y 24 años y los alumnos desplazados suponen el 3,5 %.

En el ámbito social, los mayores de 65 años pesan un 7 % y los parados de larga duración, un 1,5 %. También se incluyen factores como la superficie (1,6 %), la dispersión (0,5 %), la insularidad (0,5 %) y los costes fijos (0,5 %).

Ajustes de nivelación

Sobre esta base se aplican ajustes de nivelación horizontal, para que las regiones con mayor capacidad aporten más, y vertical, con una aportación estatal cercana a 19.000 millones de euros destinada a reducir las diferencias de financiación por habitante.

A ello se suman mecanismos adicionales, como un 5 % más del IVA generado por las pymes en cada territorio y un fondo climático de 1.004 millones de euros, del que dos tercios irían a las comunidades del litoral mediterráneo.

El sistema se completa con un ajuste de cierre denominado statu quo, diseñado para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior. Para ello, el Estado aportaría 400 millones de euros.

De forma paralela, Montero ha anunciado la renovación del fondo de compensación previsto en la Constitución para las regiones por debajo de la media de financiación. Contará con 3.300 millones de euros adicionales, un instrumento que Page ha llegado a calificar como “limosna” y como “una ofensa a los valores progresistas”.

Sin embargo, el modelo no incorpora la petición expresa de Castilla-La Mancha de crear un fondo específico para compensar la infrafinanciación que arrastra la región con el sistema actual, estimada por la Junta en unos 400 millones de euros anuales.

El Constitucional, en segundo plano

Tras conocerse las líneas maestras del plan, varias comunidades gobernadas por el PP ya han avanzado su intención de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

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No obstante, fuentes del Gobierno castellanomanchego consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha aseguran que la Junta no se plantea por ahora esta vía, al considerar que la reforma del sistema "no tiene viabilidad" y decaerá por la falta de apoyos parlamentarios, especialmente tras el rechazo anunciado por Junts.

"Un modelo de reparto de riqueza"

Horas después de presentarse la propuesta del Ministerio, la Junta ha emitido una valoración afirmando que "es más un modelo de reparto de riqueza que un verdadero modelo de financiación que atienda a sufragar el coste real que supone a las comunidades los servicios públicos".

Una propuesta "injusta" que está dirigida a otorgar "más financiación de forma peermanente a quien más renta per cápita tiene" y que "no garantiza el principio de igualdad".

El Gobierno regional ha criticado la "falta de información y transparencia del Ministerio de Hacienda" y ha asegurado que Castilla-La Mancha continuará estando infrafinanciada, ya que "el resultado será positivo para las comunidades que tienen una gran capacidad tributaria, pero no para las que tienen menor capacidad económica".

Para la Junta, el reparto "no consiste en que todas las comunidades ganen porque la tarta sea más grande, sino en que el trozo de tarta sea justo". "Es positivo en cuanto al volumen de recursos, pero injusto en cuanto a la forma de distribuirlos, pues el modelo impide que accedan en condiciones de igualdad a los servicios públicos. Un hecho que se debe a la diferencia de capacidad tributaria y a la desigualdad de renta", han lamentado.

Desde el Ejecutivo autonómico critican que la propuesta es "claramente regresiva porque hace efectiva la ordinalidad defendida por Cataluña". El hecho de que las comunidades que más tributan dispongan de un mayor volumen de recursos "condena al resto a prestar unos servicios públicos en peores condiciones".

"La ordinalidad es un ataque sin paliativos al principio de igualdad. El modelo debe regirse en aportar a la bolsa común en función de la capacidad y recibir en función de las necesidades", han indicado.

En cuanto al montante de dinero que recibirá Castilla-La Mancha, la Junta ha cargado contra el Ministerio por "no aportar información de cómo se ha llegado a dicha cifra" y ha lamentado que no se haya hecho pública la financiación por habitante ajustado de cada comunidad.

Por último, han calificado como "curioso" que en el cálculo de los incrementos con relación a la población ajustada Cataluña sigue ocupando el tercer lugar, "colándose entre el grupo de comunidades que tradicionalmente han sido infrafinanciadas por el modelo actual".

Modelo de financiación.

Respuesta del Gobierno

Por su parte, el Ministerio de Hacienda a través de una nota de prensa, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es "una de las que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 14 % más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente".

Ante las críticas, Montero ha recordado que tras abrir el Gobierno el pasado febrero un proceso de negociación con las comunidades para actualizar los criterios que determinan la población ajustada, "no se ha alcanzado un consenso".

"Fueron las propias comunidades las que reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta. Y eso es lo que ha ocurrido", ha explicado.