Jesús Plaza, Yolanda Díaz y María Cañadillas, de izquierda a derecha.

Jesús Plaza, Yolanda Díaz y María Cañadillas, de izquierda a derecha.

Región BALANCE DE 2025

Sumar reclama un "giro" político en Castilla-La Mancha "hacia el refuerzo de lo público y la planificación a largo plazo"

Frente a lo que considera "una gestión basada en parches, respuestas tardías y delegar cada vez más en empresas privadas".

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Sumar Castilla-La Mancha ha hecho balance del año y ha reclamado confianza para impulsar un cambio de rumbo en las políticas autonómicas. En un texto firmado por sus coordinadores regionales, María Cañadillas y Jesús Plaza, la formación sostiene que la comunidad necesita "un giro claro hacia el refuerzo de lo público y la planificación a largo plazo".

En su análisis, Sumar Castilla-La Mancha insiste en que el Ejecutivo autonómico, presidido por el socialista Emiliano García-Page, debe centrarse en "aquellas políticas que dependen directamente de la Junta de Comunidades, pues es ahí donde se toman decisiones que afectan de manera directa a la vida cotidiana de la ciudadanía".

Frente a lo que considera "una gestión basada en parches, respuestas tardías y delegar cada vez más en empresas privadas", defiende "una acción política que anticipe problemas, reduzca desigualdades y garantice derechos".

Uno de los principales motivos de preocupación para Sumar es el incremento de la pobreza en la región. Según recuerdan, "el 34,2 % de la población de Castilla-La Mancha, una de cada tres personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social", una realidad ante la que advierten de que "no hablamos de cifras, sino de vidas atravesadas por la precariedad".

La formación también pone el foco en la situación de los servicios sociales, que a su juicio atraviesan "una situación crítica". Denuncia que "persisten diferencias salariales de hasta un 40 % entre profesionales según la administración que los financie, una sobrecarga estructural de trabajo y la asunción de funciones que no les corresponden". Algo que tiene "un impacto directo en la atención a las personas más vulnerables".

Por ello, recalca que "reforzar los servicios sociales no es un gasto, sino una inversión imprescindible en cohesión social".

Sumar Castilla-La Mancha también alerta sobre la situación de los bomberos forestales integrados en el operativo de incendios a través de GEACAM. Aunque están reconocidos como servicio esencial, el colectivo sigue sin contar con "una financiación propia y estable", lo que provoca "recortes prematuros de las campañas, reducción de personal en pleno periodo de riesgo alto y una falta de planificación acorde a la realidad climática". En este sentido, reclama garantizar su estabilidad laboral porque, señala, "es una cuestión de seguridad pública y de protección del territorio".

En el ámbito agrario, la formación advierte de un "momento complejo" marcado por "amenazas de guerra arancelaria, la creciente concentración de la tierra, el debilitamiento de la agricultura familiar y los recortes de la PAC impulsados desde la Unión Europea para financiar armamento". Sumar Castilla-La Mancha asegura que se ha opuesto "frontalmente a estas políticas de la Unión que no hacen más que fomentar el miedo con el que engorda la extrema derecha" y defiende "siempre a las explotaciones familiares y a quienes sostienen el medio rural con su trabajo".

Vivienda

La crisis de vivienda ocupa otro de los ejes del balance. Sumar Castilla-La Mancha señala que los jóvenes son "el grupo social más afectado" y advierte de que "acceder a una vivienda se ha convertido en una quimera", con una edad media de emancipación que "ya supera los 30 años".

En este contexto, insiste en que "la vivienda no puede seguir tratándose como un problema de mercado, sino como un derecho que exige una intervención pública decidida y sostenida en el tiempo", y recuerda que las comunidades autónomas "son las responsables de esta política, no pueden mirar para otro lado".

La formación critica tanto las propuestas de la derecha "basadas en la desregulación" como "las limitaciones de un PSOE que delega de forma recurrente en empresas privadas el ejercicio de sus competencias". Por ello, afirma que aspira a gobernar porque, sostiene, "si Sumar no encabeza el próximo gobierno de la Junta, el problema de la vivienda persistirá", y apuesta por "una ley regional de derecho a la vivienda ambiciosa que ponga freno a la especulación y garantice el acceso a un hogar digno".

Educación y sanidad

En educación, Sumar Castilla-La Mancha denuncia que "persisten ratios elevadas en el primer ciclo de educación infantil, falta de recursos humanos y desigualdades territoriales que afectan especialmente al medio rural". La formación recalca que "la educación no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo del profesorado; necesita inversión, estabilidad y planificación para garantizar la igualdad de oportunidades".

En sanidad, Cañadillas y Plaza advierten de que la sanidad pública "continúa arrastrando listas de espera excesivas, tanto en pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas", lo que genera "una sensación creciente de abandono en parte de la ciudadanía". En este sentido, subrayan que "fortalecer la sanidad pública es una condición indispensable para la confianza social y la calidad democrática".

La formación también lamenta que "el 2025 ha sido otro año perdido en materia de Memoria Democrática", al señalar que en la región "seguimos teniendo edificios públicos, calles y plazas, monumentos y placas que incumplen de forma clara la legislación vigente".

Por último, Sumar Castilla-La Mancha se refiere al nuevo Estatuto de Autonomía pactado entre PP y PSOE, actualmente en tramitación en el Congreso. A su juicio, "Castilla-La Mancha no cabe dentro de un texto que ha dejado fuera derechos fundamentales como la vivienda, al aborto o el reconocimiento de las personas LGTBIQ+", motivo por el que ha presentado enmiendas "junto a los compañeros de Izquierda Unida y diversas entidades sociales".

El balance concluye con una llamada "a la responsabilidad política". Sumar Castilla-La Mancha recuerda que "las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son conocidas y suficientes para actuar" y sostiene que "usarlas para reforzar lo público, reducir desigualdades y garantizar derechos no es una opción ideológica: es una obligación institucional".

Sumar, el movimiento político liderado a nivel nacional por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, no cuenta en la actualidad con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que no se presentó a las elecciones autonómicas de 2023. La formación sí prevé concurrir a los comicios regionales de mayo de 2027.