José Luis Ábalos, este martes en el Congreso.

José Luis Ábalos, este martes en el Congreso. EFE

Región

La política eclipsa a los problemas sociales en Castilla-La Mancha: el CIS señala al Gobierno y la corrupción

La mitad de la población regional considera a los responsables políticos dudosos protagonistas de los principales desafíos del momento.

Más información: La bronca nacional por los supuestos casos de corrupción en el PSOE se cuela en las Cortes de Castilla-La Mancha

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El último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha confirmado al Gobierno y partidos o políticos concretos como el principal problema que percibe la sociedad castellanomanchega. El 20,6 % de los encuestados ha señalado este asunto como el más preocupante; otro 18,8 % ha aludido a la corrupción y el fraude.

Las respuestas que han ofrecido los vecinos de la comunidad autónoma ponen el foco sobre la gestión pública. El malestar que se percibe en la región es mayor que en el conjunto del país: el 14,1 % y el 13,1% de los españoles, respectivamente, consideran a los antes referidos como los dos mayores contratiempos del momento.

Además, los problemas políticos en general han sido la tercera respuesta más citada (10,7 %) en la región cuando se pregunta por el principal problema. El promedio nacional para este epígrafe se ha quedado en el 6,9 %.

La censura que se hace desde Castilla-La Mancha entronca con un discurso político de clara condena. Los votantes parecen hablar de lo que les hablan sus representantes.

Por una parte, la oposición se afana en pedir la dimisión del Gobierno central por la trama que cerca tanto a Ferraz como a Moncloa. Por otra, Emiliano García-Page se reivindica como el más combativo de los responsables del PSOE frente a la presunta corrupción que acecha a su partido.

En principio, las respuestas tienden a relacionarse con los casos de los socialistas José Luis Ábalos o Santos Cerdán: el trabajo de campo del último estudio del CIS se hizo en junio, antes de que aflorara la causa judicial contra Cristóbal Montoro -quien fue ministro de Hacienda en un Gobierno del PP.

La "espiral de corrupción" a la que Page se refirió el pasado miércoles, fecha en la que se conmemoraba el segundo aniversario de la celebración de las últimas elecciones generales, parece haberse convertido en el marco dominante en Castilla-La Mancha: la mitad de los ciudadanos creen que las situaciones negativas que se viven son responsabilidad del poder político.

Las dificultades para legislar que ha encontrado el Gobierno de España han encontrado uno de sus principales efectos en la falta de Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.

En paralelo, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha propiciado acuerdos de diferente índole con partidos como Bildu o Junts, dos formaciones rechazadas por el grueso de la sociedad regional y señaladas con frecuencia en las esferas política y mediática.

El propio Page ha reiterado su deseo de adelantar las generales previstas para el verano de 2027. El presidente de Castilla-La Mancha no quiere que las autonómicas y municipales se desarrollen, como está previsto, antes. Tampoco quiere que las tres citas coincidan en una misma fecha a finales de mayo.

La petición del barón socialista más díscolo trata de disociar la acción del Gobierno central de las de los regidores de los niveles inferiores. Page no quiere llevarse la bofetada que el electorado parece dispuesto a pegar a Sánchez, un golpe que sacudió a decenas de alcaldes socialistas en la región en 2023 y les expulsó del poder.

Más allá de la presunta corrupción y el adelanto de los comicios, la crítica de Page ha recorrido buena parte de los movimientos emprendidos por Sánchez: desde la investidura gracias a la amnistía hasta el modelo de financiación autonómica que anticipa un trato diferenciado para Cataluña.

De lo retórico a lo tangible

La política, por tanto, acapara buena parte de las preocupaciones del castellanomanchego de hoy. Sin embargo, su mirada hacia otros problemas languidece, incluso desaparece.

Ninguna de las 228 respuestas que ha recabado el CIS en la comunidad autónoma ha citado a la inseguridad ciudadana, las infraestructuras o las pensiones como su principal problema.

La misma ausencia se ha materializado respecto a las guerras, pese a la existencia de conflictos vivos en zonas no muy lejanas y con las que perviven vínculos estrechos.

Tampoco la educación ha sido considerada como el mayor impedimento de un ciudadano de Castilla-La Mancha. Apenas el 1,4 % de la muestra, una proporción que equivale a tres personas, ha señalado a la sanidad.

El paro y los problemas de índole económica, otrora etiquetas fundamentales en la percepción socioeconómica de los españoles, son referidos como el mayor impedimento por el 2,4 % y el 6,4 % de los residentes en Castilla-La Mancha.

Ni siquiera la vivienda, una de las materias más en boga, recibe una gran atención en la comunidad autónoma. Solo el 8,6 % lo aúpa a la cima de los obstáculos, frente al 13,9 % de media en el país.

La idiosincrasia regional

La preocupación por los capítulos que desbordan la mera actividad política en el conjunto del país es superior al dato regional, una circunstancia que abre diferentes hipótesis sobre la desigual visión de la comunidad autónoma.

Por una parte, se anticipa una cierta comodidad con el bienestar adquirido. Asimismo, se augura un bienestar generalizado con la marcha general de la economía y el estado de las finanzas particulares, dos aspectos que la propia encuesta corrobora.

Sin necesidades materiales acuciantes, la narrativa sobre el juego partidista puede adquirir una presencia que en otras circunstancias de crisis o adversidad no alcanzaría.

Al mismo tiempo, se plantea una mayor porosidad del discurso político en la agenda social frente a otras regiones.