Castilla-La Mancha percibe la financiación singular como un juego de suma cero: Cataluña gana "a costa del resto"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado la génesis del nuevo sistema de financiación autonómica, un modelo que surge como respuesta a la petición de Cataluña, una comunidad que "se considera infrafinanciada" y trata de obtener mejores condiciones "a costa del resto" de territorios.

Según Ruiz Molina, el objetivo final del acuerdo entre el Estado y la Generalitat implica un "mayor volumen de recursos" para el Principado. No obstante, el deseo de Cataluña es compartido por "todas las comunidades autónomas", comenta el titular autonómico de Hacienda.

"Todos queremos más recursos para financiar los gastos que crecen, como la sanidad y la educación", ha detallado el representante de la Junta de Comunidades durante una entrevista televisiva en el programa Espejo Público.

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Sin embargo, se ha opuesto a que el Estado riegue a Cataluña con más fondos, un extra que obtendría del recorte al resto de territorios y que convertiría a la nueva financiación autonómica en un juego de suma cero.

Respecto a la previsible cesión de impuestos, Ruiz Molina ha mostrado su temor por la pérdida de capacidades del Estado. "En ningún país del mundo, el cien por cien de los impuestos son gestionados por una administración diferente a las del Estado".

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se considera que el sistema planteado para Cataluña "no es extrapolable" a la mayor parte de las comunidades autónomas.

"Además de Cataluña, las únicas que se podrían beneficiar son la Comunidad de Madrid y Baleares", ha explicado Ruiz Molina. Se trata de las tres regiones adheridas al régimen común con mayor renta per cápita.

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El consejero ha lamentado que "el principio de igualdad" se vea comprometido por un acuerdo bilateral que ha obviado al resto de implicados.

Asimismo, Ruiz Molina ha insistido en la salvaguarda de la calidad del sistema del bienestar. "Con independencia de la capacidad económica de los españoles y de su lugar de residencia, todos tenemos derecho a tener el mismo nivel de acceso a los servicios públicos fundamentales".