Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, llegando este martes a la rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida.
Castilla-La Mancha invertirá 10,5 millones de euros para que todos sus habitantes puedan ver la televisión
El Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación de un nuevo contrato cuya adjudicación se extenderá por los próximos cinco años.
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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la licitación del nuevo contrato para ampliar la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a todo el territorio de la comunidad autónoma. La principal novedad de la futura adjudicación, que asciende a 10,5 millones de euros, es la reducción del plazo de diez a cinco años.
En una rueda de prensa posterior al encuentro, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que según marca la ley, tanto RTVE como las cadenas privadas están obligadas a alcanzar el 98 % y 96 % de la cobertura, respectivamente.
Sin embargo, en Castilla-La Mancha "por sus condiciones orográficas y de dispersión", esa cifra mengua al 89 % en el caso de RTVE y de 86 % en el de las privadas.
Una situación que Ruiz Molina ha tachado de "injusta", ya que sobre todo en el caso de la televisión pública, "debería cubrir en nuestra región ese 98 % que marca la ley".
De esta manera, ha destacado que "de no ser financiado por la Junta, un número importante de ciudadanos tendrían que hacer frente a fuertes inversiones para ver todos los programas que se emiten en televisión".
Territorios afectados
En total, las localidades que se verán favorecidas por esta inversión del Gobierno de Castilla-La Mancha son 477 en las que o bien no llega con nitidez la señal de RTVE, la de las cadenas privadas o ninguna de las dos.
De ellas, el 46 % se encuentran en la provincia de Guadalajara, el 26 % en Cuenca, el 15 % en Albacete, el 8 % en Ciudad Real y el 5 % en Toledo.
Si nos ceñimos al número de habitantes afectados -128.334- la situación cambia. La primera provincia es Toledo con 43.000 seguida de de Guadalajara con 29.000, Cuenca con 23.000, Albacete con 21.000 y Ciudad Real con 10.000.
Ruiz Molina ha recordado que la decisión de hacer frente desde la administración regional a este "sobrecoste" se tomó por primera vez en 2015, justo después de que Emiliano García-Page accediera a la Presidencia de Castilla-La Mancha.
En aquel entonces, se licitó un contrato por un plazo de 10 años que en esta ocasión se ha reducido a 5 años ante la "evolución de los precios y el desarrollo de la tecnología".
"No vamos a escatimar un euro en que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, con independencia de donde residan y su capacidad económica, reciban todos los servicios fundamentales en condiciones de igualdad," ha insistido.
Financiación
Con ese mismo ánimo de alcanzar la igualdad también entre territorios, Ruiz Molina ha subrayado que el Consejo de Gobierno también ha aprobado la petición de que la financiación autonómica forme parte del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona.
Dado que en la propuesta preliminar de Moncloa este tema no figura, el consejero ha asegurado que Castilla-La Mancha insistirá en su inclusión durante la reunión preparatoria que se va a celebrar esta semana.
Sobre este tema, el consejero ha recordado que en la última Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en Santander, Page "instó al Gobierno a que presentara una nueva propuesta de financiación en un plazo de tres meses" para sustituir un modelo que lleva once años caducado.
Sin embargo, ha lamentado que desde entonces "no hemos avanzado nada" y el Estado continúa instalado en "un sistema que perjudica gravemente a Castilla-La Mancha como reconocen tanto el Ministerio de Hacienda como todos los expertos en la materia".
Ante la situación de infrafinanciación en la que también se encuentran Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Ruiz Molina ha vuelto a insistir en su petición de crear un fondo compensatorio mientras se resuelve el debate de fondo del nuevo marco de financiación.
