Una protesta sindical en Toledo. Imagen de recurso.
UGT denuncia que la Ley de Simplificación crea "una administración paralela" para ricos en Castilla-La Mancha
El sindicato ha mostrado su "total rechazo" a una norma que, según advierte, podría incurrir en una "inconstitucionalidad".
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La reciente aprobación del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha está recibiendo una fuerte oposición desde los sindicatos. Después de que CSIF haya pedido su retirada tras el "dictamen negativo" del Consejo Consultivo y CCOO haya advertido de que "debilita la estructura pública que garantiza los derechos de la ciudadanía", UGT se ha sumado a las críticas y ha mostrado su "total rechazo" a la norma.
A juicio de esta última organización sindical, la incorporación de entidades colaboradoras que realizarán trámites administrativos no solo "supondrá la privatización de servicios públicos", sino que podría incurrir en una "inconstitucionalidad".
Según UGT, la norma implica la creación de "dos administraciones paralelas: una para pobres y otra para ricos", diferenciando entre aquellos que puedan pagar las tasas a las entidades colaboradoras para avanzar en los trámites administrativos "por autopista" y quienes no puedan hacer frente a ese gasto, que circularán por "carreteras comarcales".
Este miércoles, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, defendió que las entidades colaboradoras "no privatizan la función de la Administración", sino que "hacen funciones y ayudan a hacer las funciones que debería hacer el particular", como la comprobación de informes o certificaciones.
Según Padilla, se trata de una figura que "lleva funcionando en nuestro país durante mucho tiempo" y cuya utilización es opcional para los ciudadanos, que "podrán decidir hacer toda la gestión del papeleo" o recurrir a estas entidades "para que se les tramiten directamente las ayudas".
UGT, además, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya aprobado el proyecto "de manera unilateral, sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso con las organizaciones sindicales", y ha acusado al Ejecutivo de "mirar hacia otro lado ante el contundente informe del Consejo Consultivo", que según el sindicato advierte de una posible inconstitucionalidad.
Una "revolución"
Desde el Gobierno, sin embargo, insisten en que tras recibir el informe del Consejo Consultivo se han incorporado observaciones "con la idea de mejorar la ley", y defienden que el texto representa una "revolución" para modernizar la Administración, con el objetivo de reducir al máximo los trámites burocráticos.
El sindicato, sin embargo, ha criticado la "merma y el perjuicio en los servicios públicos que este Gobierno está ocasionando a través de una gestión autoritaria, sin consenso ni negociación", y ha reclamado una administración pública "responsable y de calidad que fomente la transparencia, la seguridad jurídica, la buena fe, la eficacia y la eficiencia".
