En la víspera de la manifestación convocada para este miércoles 11 de enero en Madrid por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) para protestar por el recorte en las derivaciones que supone el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha mostrado favorable "a un gran acuerdo en el país sobre cómo gestionar el agua", un recurso sobre el que ha advertido que "hoy ya no hay y mañana habrá menos" a consecuencia del cambio climático.

Así, García-Page ha asegurado que "en España tiene que haber sentido común para ordenar entre todos el poco agua que tenemos", considerando que no es lógico que sea una zona seca del país, en referencia a Castilla-La Mancha, la que envíe su agua a otra zona muy seca como es el Levante. Recientemente, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado que "los datos de lluvia acumulada en los tres años previos -2020, 2021 y 2022- han sido lo suficientemente escasos como para hablar de una incipiente sequía de larga duración".

Además, el presidente castellano-manchego ha recordado que, hoy por hoy, el trasvase no es una infraestructura imprescindible puesto que "tenemos a nuestra disposición capacidades en la desalación" del agua del mar, aunque los regantes murcianos, valencianos y andaluces consideran que el precio de la misma es muy superior a la trasvasada y que se trata de una técnica con un mayor coste medioambiental.

[La Generalitat valenciana alega contra el Plan del Tajo un día antes de protestar ante el Ministerio de Ribera]

Sin embargo, García-Page ha señalado durante un acto celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que la sequía provocada por el cambio climático y la posibilidad de desalar el agua del mar es "una realidad objetiva, más allá de ideologías y conflictos muy feos", en referencia a la "batalla" hídrica que mantienen los territorios implicados.

"Esta realidad la estamos ganado", ha dicho el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, que ha recordado que "las sentencias del Tribunal Supremo -imponiendo la necesidad de fijar caudales ecológicos en el río Tajo- están obligando a cambiar las políticas hidrológicas en España".

Para proteger a un Tajo "exhausto", ha señalado García-Page, Castilla-La Mancha no solo ha aportado "razonamientos legales", sino también "técnicamente argumentados" y avalados por estudios científicos como el de la propia UCLM, a la que ha "agradecido enormemente llenar de argumentos nuestros razonamientos en la lucha por el agua".

"Estamos por primera vez dándole la vuelta en serio al problema del agua. Si lo dice el presidente parece una batalla política, pero si lo plantea un informe científico de la universidad no es lo mismo", ha finalizado el líder de los socialistas castellano-manchegos.

["Sin trasvase, desierto y paro", el lema contra Ribera de los agricultores de Murcia, Alicante y Almería]

En línea con lo argumentado por García-Page, este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, defendía la necesidad de recortar los recursos hídricos del trasvase Tajo-Segura para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a establecer un caudal ecológico para el río Tajo, pero aseguraba que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante.

En declaraciones a Antena 3, Ribera destacaba que es preciso en España anticipar soluciones a los problemas con el agua derivados de una disminución importante de la disponibilidad de recursos hídricos e insistía en la necesidad de encontrar soluciones para garantizar el suministro de agua de boca, pero también la necesaria para gestionar la agricultura, "una buena parte de la economía", de manera eficiente, inteligente y para que siempre haya recurso disponible.

Así, explicaba que en esta planificación hidrológica "por primera vez" se trabaja sobre la hipótesis de escenarios extremos de inundación o de sequía prolongada y para ello ha asegurado que el Gobierno va a destinar "la mayor cantidad de recursos jamás destinada", de 8.000 millones de euros, a infraestructuras hidráulicas, como la desalación, la reutilización o la conexión entre desaladoras.

Alegaciones de Castilla-La Mancha al Consejo de Estado

Por otro lado, este martes también se han conocido las alegaciones que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado ante el Consejo de Estado para evitar la modificación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 y la supresión de los caudales ecológicos.

En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el Ejecutivo castellano-manchego subraya la "prioridad de la cuenca cedente", así como la necesidad de implementar unos caudales ecológicos como obligan "varias sentencias del Tribunal Supremo promulgadas a partir de 2019".

Estas alegaciones, firmadas por Emiliano García-Page, también recuerdan que el régimen progresivo y automático de implantación de estos caudales ecológicos mínimos en el Tajo, "si bien retrasa la implantación efectiva de los caudales ecológicos determinados en el proceso de planificación, fue aceptado por una mayoría de los participantes de los procesos de participación pública previos al Consejo Nacional del Agua".

En este sentido, recuerda que la progresividad tiene su razón de ser en que "la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana pueda ampliar su capacidad de desalinización desde ahora hasta el año 2026".

Andalucía se suma a Valencia y Murcia

Mientras, en el otro lado, el Gobierno andaluz, al igual que los de Valencia y Murcia, también presentará alegaciones al plan del Tajo y pedirá al Consejo de Estado un informe desfavorable sobre el proyecto del real decreto que afecta al plan hidrológico e incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura que considera un "capricho político".

El Ejecutivo andaluz se suma de esta forma a la actuaciones anunciadas por el Gobierno valenciano que ha presentado este martes alegaciones al plan del Tajo, que apuntan a "defectos en la tramitación".

El Ejecutivo murciano anunció también el pasado 4 de enero que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado contra el borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo por "su falta de consideración económica y ambiental, además de por la falta de transparencia en su tramitación".

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha justificado la posición de la Junta de Andalucía en el daño que ocasionará a las comunidades del levante español el "cambio en las reglas de juego" que ha efectuado el Gobierno central, de las que ha dicho que supondrá "el jaque mate" a la supervivencia del sector de las frutas y hortalizas en Valencia, Murcia y el levante almeriense.

Crespo ha precisado que la modificación llevaba a cabo por el Ejecutivo central supondrá un recorte que sería de 105 hm³ de agua respecto a las 290hm³ que reciben de esta cuenca las tres comunidades afectadas.

En concreto, ha cuantificado que la modificación afectaría a 25.000 hectáreas de cultivo y a 15.000 empleos directos en Andalucía por decisiones basadas en "informes no científicos, sino por un capricho político" que "perjudicará" especialmente a la España "más seca", ha advertido.