El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado trámite de audiencia ante el Consejo de Estado para exponer sus argumentos y evitar que en el último momento el Gobierno de Pedro Sánchez modifique el borrador del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 que fija sus caudales ecológicos.

En esta petición, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM y está firmada por el presidente Emiliano García-Page, se solicita audiencia ante este órgano consultivo porque "la eventual modificación de las disposiciones contenidas en estos planes, y en concreto en el del Tajo, afectaría a la Comunidad Autónoma".

El escrito recuerda que "los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de Planificación fueron informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre de 2022, tras lo cual han sido presentados ante el Consejo de Estado para su dictamen", y que Castilla-La Mancha es "parte interesada en los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias que conforman su geografía; en especial en las del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura".

[Castilla-La Mancha se declara ganadora de la "batalla" del agua y confía en revivir el Tajo]

Esta decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha llega después de que la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia hayan anunciado que presentarán alegaciones ante este órgano para evitar que los caudales ecológicos se eleven poniendo más trabas al trasvase. Cabe recordar que el Consejo de Estado está pendiente de emitir un informe sobre este asunto que en cualquier caso no es vinculante respecto a una decisión que tiene que tomar, en última instancia, el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado a este medio que si en el último momento se cambiasen las reglas de este plan acudirían al Tribunal Supremo para pedir que se ejecute la sentencia que obliga a fijar dichos caudales ecológicos.

Blanca Fernández y la "batalla ganada"

Más convencida de que no se produjesen sorpresas de última hora se mostraba este jueves en Ciudad Real la portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quien aseguraba que Castilla-La Mancha había "ganado una batalla muy importante" con la salida adelante de este borrador.

"Ahora ya podemos decir que en un periodo de tiempo medio vamos a tener garantías de que nuestro Tajo vuelva a ser un río realmente, y no un arroyo de agua residual de Madrid", aseguraba Fernández, quien además criticaba que el río ha estado "drenado" durante décadas en la región a consecuencia del trasvase Tajo-Segura, que se verá reducido progresivamente a medida que aumentan los caudales ecológicos de aquí a 2028.

"No queremos que le vaya mal al campo en ninguna parte de España, ni que le vaya mal al campo en Alicante, Murcia o Almería, y lo que le pedimos es que hagan una planificación hídrica que permita que sus regadíos sean sostenibles no sólo hoy, sino, por décadas", explicaba la portavoz castellano-manchega un día después de que la ministra Isabel Rodríguez asegurase también desde Ciudad Real que el Gobierno de España "va a invertir hasta 650 millones de euros en desaladoras".