El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 recoge unas inversiones reales de 600 millones para Castilla-La Mancha, lo que se traduce en una inversión de 293 euros por persona, una cifra que supera la media nacional, que se sitúa en los 284 euros por habitante, y que son un 11,5 % más que las inversiones reales recogidas en los PGE de 2022 para la comunidad autónoma.

El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha desgranado en rueda de prensa las principales partidas de los presupuestos del Estado para la comunidad autónoma para el próximo año y ha añadido que, además de las inversiones reales, 650.000 castellanomanchegos se benefician de las principales medidas sociales impulsadas por el Ejecutivo.

En concreto, ha detallado que 380.000 pensionistas de la comunidad autónoma tendrán una revalorización de las pensiones del 8,5 %, 130.000 empleados públicos tendrán una subida salarial del 3,5 por ciento y también 48.000 personas de la región percibirán el Ingreso Mínimo Vital, que también se incrementa.

Además, 58.000 personas de la región se podrán seguir beneficiando de la gratuidad de los abonos de cercanías y de los descuentos del 50 por ciento en los abonos de Avant, mientras que 37.000 jóvenes de Castilla-La Mancha verán incrementadas sus becas, debido a la subida del 6,6 por ciento en el gasto en educación.

Y ha subrayado que Castilla-La Mancha también ingresará 6.146 millones de transferencias de la financiación autonómica, lo que supone un 25 % más que en el presupuesto de 2022, al tiempo que ha añadid que la región también se beneficiará de otras partidas que no están regionalizadas.

Tierraseca durante la rueda de prensa.

Por todo ello, Tierraseca ha destacado que en los cinco años que lleva al frente del Gobierno el actual presidente, Pedro Sánchez, Castilla-la Mancha "ha recibido un 33,6 por ciento más de recursos que en los cinco años anteriores" cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo.

"El proyecto de los PGE para 2023 va dirigido a la gente, con impulso económico para que Castilla-La Mancha y España sigan avanzando, centran la inversión en los proyectos que la región necesita para 2023 y actúa con los principios que han guiado la acción del Gobierno central", ha resumido Tierraseca, que ha detallado que dichos principios son "la responsabilidad fiscal, la justicia social, la modernización y la eficiencia económica".

De esta forma, ha recalcado que los presupuestos, que ha confiado en que serán aprobados en el Congreso de los Diputados, "responden a lo urgente en lo social sin perder de vista lo importante, con inversiones en infraestructuras".

Inversiones por provincias

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha también ha detallado algunas de las principales inversiones por provincias, y por ejemplo, en el caso de Toledo ha citado la construcción del Instituto de Medicina Legal con 3,3 millones, 8 millones para el centro de la Universidad a Distancia (UNED) en Talavera y varias partidas para invertir en la A-40.

En concreto, ha indicado que los PGE recogen una partida de 500.000 euros para el tramo de la A-40 de Toledo-Ocaña que es donde se incluye la redacción del proyecto de un nuevo puente sobre el río Tajo a la altura de la capital.

En Albacete, Tierraseca ha destacado una inversión de 6 millones de euros para ejecutar varios tramos de la A-32, 5,7 millones para el enlace de la A-33 hasta Yecla y los 16 millones de la nueva depuradora de la capital.

Para Ciudad Real, ha resaltado los 3,5 millones para la nueva comisaría de la Policía Nacional en Puertollano, un millón de euros para la reforma de los juzgados de Manzanares y un millón para la duplicación de la A-43 en Puertollano.

En Cuenca, se invertirán 5,7 millones en la nueva comisaría provincial de la Policía Nacional, 500.000 euros en unir la A-3 con la A-40 y 300.000 euros en proyectos de conservación de la Catedral.

Y para Guadalajara, ha subrayado los cinco millones para las mejoras en el observatorio de Yebes, dos millones para mejoras en las Cercanías con la Comunidad de Madrid y un millón de euros para el Parador de Molina de Aragón.