Fundación Artemisan ha denunciado la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ante el fin de la moratoria que permitía cazar --en determinadas condiciones-- en Parques Nacionales y que expira el próximo 5 de diciembre y alerta al Gobierno de las "consecuencias" de esa prohibición, por lo que pide una moratoria de un año para tener tiempo de llegar a un acuerdo respecto a la ley.

Así, la Fundación Artemisan junto con las Federaciones de caza de Extremadura y Castilla-La Mancha han mantenido una reunión con los alcaldes de los municipios del entorno de Monfragüe y Cabañeros, para presentarles una propuesta de reforma de la ley de Parques Nacionales de modo que se evite la prohibición generalizada de cazar en estos enclaves.

El presidente de la fundación, José Luis López-Shümmer, ha explicado a los alcaldes las actuaciones realizadas y las que van a poner en marcha en las próximas semanas como las nuevas reuniones que mantendrán con alcaldes del entorno de los Parques Nacionales de Guadarrama y Picos de Europa.

Según la entidad cinegética, los alcaldes les han trasladado su preocupación por la entrada en vigor de la prohibición, puesto que consideran que la medida provocará un "grave perjuicio" en sus municipios, sobre todo a la actividad económica y la creación de empleo, por lo que son partidarios de adoptar medidas para modificar el escenario.

Con carácter inmediato, la Fundación iniciará una segunda ronda de contactos tanto con el Gobierno central como con los diferentes partidos con representación parlamentaria y solicitará la aplicación de una nueva moratoria de un año para tener tiempo para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la ley.

Asimismo, trasladarán mociones a los ayuntamientos afectados para que se pronuncien al respecto y se impulsarán iniciativas también en el ámbito autonómico.

Para Fundación Artemisan, si no se evita la prohibición, a la ya complicada situación de los municipios afectados, que este año se han visto igualmente sacudidos por la crisis del coronavirus, se sumará ahora esta medida que puede ser el golpe final para la España rural.

La reforma que plantea Artemisan trata de modificar la ley para que no incluya una prohibición generalizada de la caza comercial, sino que esta dependa de las características del espacio, ya que la actual ley no tiene en cuenta las singularidades de cada parque nacional.

De esta manera, la propuesta señala que se podrá mantener la caza comercial en los espacios "donde la presencia de ungulados silvestres exija el control de estas especies". Para el presidente de Artemisan, "solo con introducir esta matización la situación podría solucionarse".

Consecuencias

Entre las consecuencias que considera perjudiciales, la Fundación Artemisan advierte de que dejar de cazar en Parques Nacionales supondrá un aumento descontrolado de las poblaciones de ungulados en muchos parques, que pondrán en peligro a diferentes especies de flora y fauna, afectando a ecosistemas cuya conservación es prioritaria. Las principales especies de ungulados son el ciervo y jabalí, pero también la cabra montés (caso del Parque Nacional Sierra de Guadarrama).

En cuanto al impacto económico, calculan que prohibir la caza en Parques Nacionales podría costar 300 millones de euros a las arcas públicas, un contrasentido en plena pandemia de coronavirus. Esa cantidad no sólo incluye las indemnizaciones para los propietarios por las limitaciones de usos sufridos, sino también el coste de contratar empresas o personal especializado para realizar el control de poblaciones de forma periódica.

Finalmente, añade que desde un punto de vista social, también tendrá consecuencias para los titulares de las fincas, quienes, al no poder cazar, suprimirán o reducirán las inversiones en gestión cinegética o en guardería privada de las fincas. Esto, en su opinión, provocará un aumento del desempleo y afectará de forma directa a la economía de la zona, ya que muchos de los habitantes de los pueblos situados en el interior de Parques o sus zonas limítrofes, viven de la caza.