Los más de 70.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recuperan a partir del próximo martes, 1 de enero de 2019, la jornada laboral de 35 horas semanales.

Fue este pasado viernes cuando entró en vigor la modificación de la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales de 2012, que recoge la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta de Comunidades a partir del 1 de enero de 2019.

La Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales impuso una jornada de 37,5 horas semanales como medida de carácter económico y de contención del gasto público. Posteriormente, una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 limitaba las competencias propias de las comunidades autónomas en materia de jornada reconocidas en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, imponiendo esta misma jornada a todas las administraciones públicas.

La modificación de la ley señala además que, con la entrada en vigor de la jornada laboral de 35 horas semanales, "los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo serán, a partir de dicha fecha, los mismos que los establecidos para la aplicación de la citada jornada".

"Tanto la jornada como los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo podrán ser modificados por las disposiciones reglamentarias, pactos, acuerdos u otros instrumentos que en cada caso correspondan", reza el texto.

Subida de salario

Por otra parte, el salario de los empleados públicos también subirá con la llegada de 2019 al menos un 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, lo que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores de las tres administraciones públicas (Estatal, Local y Autonómica).

El incremento del 2,25% lo cobrarán todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal.

Respecto al 0,25% procedente de fondos adicionales, no todos los funcionarios se beneficiarán del mismo, ya que estará sujeto a negociaciones entre las organizaciones sindicales y cada administración. Este porcentaje tiene por objetivo la implantación de planes de mejora de la productividad y eficiencia.

El otro 0,25% está condicionado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) del próximo año. Para poder cobrarlo entero, el PIB tendría que crecer en 2019 un 2,5% y la previsión es que lo haga un 2,3%.

El incremento del salario de los empleados públicos para 2019 es fruto de un acuerdo que los sindicatos alcanzaron con el Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y que el Ejecutivo socialista se comprometió a aplicar.

El Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre decidió aprobar un Real Decreto de medidas urgentes para hacer efectiva esta subida desde el próximo martes, evitando así que existiera un periodo de incertidumbre hasta aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Los sindicatos de la Función Pública habían reclamado al Gobierno que procediera a aprobar esta subida por decreto ante el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y la consiguiente prórroga presupuestaria de los de 2018.

Las organizaciones sindicales no querían demoras en la aplicación de la subida salarial para los empleados públicos.

Dejar ésta en manos de los Presupuestos de 2019 o de un decreto posterior al mes de enero habría supuesto su aplicación con efectos retroactivos, una fórmula que ya se ha utilizado en otras ocasiones y que los sindicatos no querían que se repitiera.