Más de medio centenar de organizaciones y entidades medioambientales del ámbito estatal, regional y de cuenca, así como del ámbito local, han suscrito un Acuerdo Social por el Agua como "alternativa" a las propuestas del Gobierno para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua que, entre otros aspectos, rechaza los trasvases.

Según ha señalado en declaraciones a los medios la directora técnica de Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, este acuerdo "demuestra que la sociedad no está reflejada en ese Pacto Nacional" que está preparando el Gobierno. "Tenemos una propuesta alternativa que cuenta con un amplio respaldo, precisamente de la sociedad civil", ha resaltado, que destaca que esta propuesta realizada por un total de 49 entidades -entre las que se encuentran Greenpeace, Facua, SEO/BirdLife o ATTAC- es "totalmente diferente" a las propuestas del PP.

El documento ha sido presentado este jueves en el Congreso y está basado en cinco ejes de actuación. En primer lugar, las asociaciones están de acuerdo en detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, incluidos los previstos en los planes hidrológicos 2015-2021, así como revisar todos los trasvases existentes. El Acuerdo también aboga por "detener el crecimiento de las demandas, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, tanto en consumos urbanos expansivos como en demandas de regadío, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas".

Asimismo, también piden "detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos" con el fin de garantizar sus sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas. En este sentido, reclaman que se respete un régimen de caudales ambientales adecuado y demás exigencias de la Directiva Marco del Agua, recuperando los acuíferos como "principales reservas estratégicas en sequía y acabando con el desgobierno de las aguas subterráneas".

Acabar con la corrupción en materia de agua

Además, consideran "necesario" una revisión del sistema de concesiones a la luz de los recursos realmente existentes y previstos para garantizar las necesidades hídricas de los ecosistemas acuáticos, así como garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria (nitratos, fosfatos y pesticidas). De esta forma se pretende ir reduciendo la necesidad de nuevas captaciones e infraestructuras de abastecimiento derivadas de problemas de calidad.