A pesar de haber concluido el ejercicio 2022 con unos beneficios de 260 millones de euros, un 89 por ciento más y triplicando los 78 millones de 2020, Unicaja Banco no se desprende de la crisis institucional en la que lleva tiempo inmersa. La fusión entre la caja andaluza y Liberbank –el banco de origen asturiano en el que quedó integrada posteriormente CCM- no está siendo bien asimilada ante los continuos desencuentros institucionales que sufre la entidad. Uno de ellos, si no el principal, es el de la renovación de una parte del consejo de administración y la continuidad de Manuel Menéndez como principal ejecutivo del banco, lo que está paralizando las funciones del principal órgano de gobierno de la entidad financiera.

El antiguo presidente de Liberbank aspira a seguir en el cargo, aunque para ello precisa del 51 por ciento del accionariado, una cuota que parece inalcanzable si antes toman posesión en la próxima junta general, prevista para esta primavera, los nuevos consejeros propuestos y ya aceptados por el Banco Central Europeo. De esta forma, con una mayoría en el máximo órgano de gobierno de la entidad, la facción malagueña a través de la Fundación Unicaja tendría la última palabra ante la posible renovación de Menéndez como CEO del banco. Mas no acaba aquí la crisis institucional de la entidad. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha abierto otra cruzada para averiguar si Liberbank estuvo varios meses sin auditor previo a su fusión con Unicaja. CIC ha conseguido que el Defensor del Pueblo analice la falta de respuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a alguna de las dudas planteadas por el sindicato a este proceso.

Simultáneamente, prosigue sin pausa el desarrollo iniciado en su día por el banco, para adelgazar la infraestructura de la entidad consecuencia de la fusión. Una transformación que en 2022 supuso la disminución del 15,43 por ciento de la plantilla, hasta los 7.835 empleados, y el cierre de 400 oficinas, cerca del 30 por ciento de la red, hasta las 968 sucursales. Un plan de reducción de trabajadores y oficias aún no concluido que el banco espera finalizar muy pronto, a lo “largo del año 2023 y 2024”, según destaca el informe financiero remitido a la CNMV, incluido el del 19 por ciento de salidas de personal aún sin concretar.

Una crisis de gobernanza que propicia un clima laboral “deteriorado”, según CCOO, que el pasado mes de enero se manifestó en Málaga para solicitar a la entidad “negociar medidas de carácter económico, organizativo, social, de salud laboral y de tiempo de trabajo”. Una situación indeseable que se prolonga en el tiempo para una de las plantillas “peor pagadas del sector y donde menos se compensa la asunción de responsabilidades”, y que contempla incapaz una crisis institucional de imprevisibles consecuencias. De otra forma, aunque igualmente perjudicial, para una multitud de usuarios del banco ante la drástica reducción de oficinas y servicios que Unicaja está llevando a cabo con el consiguiente perjuicio para todos ellos.