Jesús Martín-Delgado.
Quizá a estas alturas de la legislatura y de las circunstancias que la envuelven no sea el momento de que los ciudadanos se hagan esta pregunta. ¿O sí?
Todos sabemos que los precios de la vivienda están en alza, aún sin tocar máximos históricos en algunas zonas en cuanto a compra venta, lo cual deja todavía la existencia de un margen de subida en el precio.
No obstante, sí que podemos afirmar que los precios de alquiler se encuentran en máximos históricos sin un techo claro a la vista. El precio máximo histórico del metro cuadrado que se registró de media en España en el mes de mayo en cuanto a alquiler, fue de 14,5 € metro cuadrado.
Así las cosas, ya se publicó en el mes de mayo un artículo de opinión sobre los efectos que había tenido la Ley 12/2023 de Vivienda tras dos años de aplicación. El Gobierno de España, publicó en el BOE el 18 de enero de 2022 el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 mediante la Ley 42/2022, con hasta 13 programas destinados a favorecer o facilitar el acceso a la vivienda.
Estos programas se materializan a través de las comunidades autónomas y citaremos algunos de ellos por considerarlos de interés, como son: programas 2, 3 y, 4 destinados respectivamente a la ayuda al alquiler general, a las víctimas de violencia de género, desahucios o especial vulnerabilidad y ayudas a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.
El programa 5, con ayudas especiales a contribuir contra el reto demográfico destinado a menores de 35 años que adquieran la vivienda en un municipio con menos de 10.000 habitantes y el programa 11 para mejorar la accesibilidad a la vivienda habitual. Se han citado estos programas porque se han ido materializando a través de ayudas directas que previamente debían solicitar los interesados.
Con todo, estos programas no dejan de ser una delegación en las comunidades autónomas de la gestión de dinero público. Sin embargo, al no existir un "Pacto de Estado por la Vivienda" no se aprobó la nueva Ley del Suelo que permitiría desbloquear suelo para la edificación "en masa" de vivienda ya fuera pública o privada.
Este utópico "Pacto de Estado por la Vivienda" se podría acordar mediante los grandes partidos y el apoyo de otras formaciones. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha llegado a ningún punto en común que pudiera dar salida a una Ley que facilitase la construcción de vivienda nueva mediante el uso de nuevo suelo o que reduzca los plazos en la tramitación de las licencias administrativas.
La carencia del suelo es notoria y no se puede construir vivienda residencial allá donde no se disponga de una calificación de suelo urbano o urbanizable.
Con relación a los plazos, según las fuentes consultadas, existen ayuntamientos que pueden demorarse hasta 18 meses en conceder la licencia de obra a un vecino particular en una parcela calificada ya como urbana para iniciar las obras.
Sería muy conveniente que los distintos partidos políticos se pongan de acuerdo (¿en este momento?) para acordar un "Pacto de Estado" que disminuya tiempo en la tramitación de las licencias de obra a través de las distintas ordenanzas municipales, que se apruebe una nueva Ley del Suelo y que, a su vez, se incentive la formación profesional en los distintos oficios relacionados con la construcción porque, desde la crisis de 2008, han sido muchos los profesionales que se jubilaron y otros que debieron reconducir su cualificación a otros sectores para no quedarse encerrados en las prestaciones por desempleo.
Precisamente, uno de los factores que asusta a los inversores (ya no se utiliza tanto el término "constructores") para la construcción de nueva vivienda es la dilatación en el tiempo de las licencias y obras, puesto que puede perjudicar la rentabilidad de la inversión.
Asimismo, en muchas ocasiones hay que convencer a esos inversores para que dejen de construir en grandes capitales y trasladen la inversión a otras zonas de provincia que, a su juicio, no tendrán tanta demanda. Quizá por no ofrecer las mismas oportunidades de trabajo que las capitales.
Jesús Martín-Delgado, experto en Economía y Derecho de Consumo.