Resulta muy llamativo que, mientras todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo para ver como un problema la despoblación de la España vacía, se pretendan limitar muchas de las actividades tradicionales de las zonas rurales. El agricultor y el ganadero se han convertido en sospechosos habituales y se mira con lupa cualquier iniciativa que no coincida con la idea del campo impuesta por la corrección ecologista. No le extraña a uno que la organización ASAJA en CLM se haya levantado contra una dinámica que ven como una amenaza para la supervivencia del campo y carguen contra las limitaciones que suponen para el hombre del campo el abuso en las declaraciones de zonas ZEPA, la prohibición radical de la caza del lobo, las limitaciones en la regulación de superpoblaciones y en la moratoria de las licencias de las denominadas macrogranjas.

Está claro que es necesario regular con mucho cuidado las actividades que se realizan en contacto con un medio que hay que conservar, pero resulta curioso, que una vez establecidas las limitaciones y condiciones con la ley por delante, es inadmisible que la fuerza de la masa se imponga mediante la protesta sobre el imperio de la ley.

Es el caso de las macrogranjas, sometidas por ley a estrictos controles medioambientales y rigurosas limitaciones en cuanto a cercanía a núcleos urbanos, la presión de grupos y organizaciones de muy diversa condición, y no siempre formados por los habitantes de la zona, convierten esas leyes en papel mojado. Uno puede tener un proyecto de granja que se ajuste perfectamente a la legalidad y encontrarse con que esa legalidad no se cumple porque la presión y la fuerza se imponen sobre la ley, y las autoridades que deben velar por su cumplimiento simplemente desisten de hacerlo. La moratoria que deja en suspenso las licencias de los proyectos de granjas en curso presentados ante la Administración, una decisión de dudosa legalidad por la indefensión en que quedan los solicitantes, ha sido una salida de emergencia para una situación insostenible para la propia Administración.

Y es que a pesar de constatarse que en la mayoría de proyectos presentados se cumplía escrupulosamente la legalidad, se acababa imponiendo de hecho la decisión política de poner todas las trabas posibles a su cumplimiento. Una situación insostenible y que rozaba la prevaricación.

Yo no sé si dentro de unos meses, cuando se legisle en nuestra región y se establezcan unas reglas nuevas para poder realizar una de esas actividades que siempre se han hecho en el campo, con las nuevas garantías medioambientales que unos y otros establezcan, no nos encontraremos de nuevo en las mismas: leyes y normas que no se cumplen cuando a alguien no le conviene. Justo lo contrario de lo que el respeto a la ley y a las normas democráticas exigen.

No me extraña que en ASAJA estén indignados.