Hay cosas que son difíciles de comprender en los tiempos que corren. Hace unas semanas el Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La Manchase ofrecía a la Junta para realizar los test PCR o cualquier otra prueba relacionada con la pandemia que estuviera al alcance de sus medios. El Gobierno regional lo rechazó. Nadie explicó el por qué. Ahora ha sido el Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara el que ha hecho el ofrecimiento al SESCAM de una veintena de médicos jubilados de la provincia para realizar labores de rastreo o cualquier otra en la que no tuvieran contacto directo con los pacientes. La respuesta ha sido negativa, pero en este caso sí se ha contestado que no eran necesarios porque las labores para las que se ofrecían estaban suficientemente cubiertas. Así que en este caso podemos estar tranquilos. En Guadalajara al menos hay suficientemente personal de rastreo y los médicos jubilados voluntarios no son necesarios. Me imagino cómo se sentirá más de uno de ellos.

Uno quiere pensar que cuando se rechazó el ofrecimiento de los farmacéuticos fue porque, como en el caso de los médicos, Sanidad consideraba que ese servicio estaba también de sobra cubierto y no que se cerraba la puerta a cualquier resquicio por donde se colara una iniciativa que no provenía del Gobierno regional, remedando a aquel “¡Dejadme sólo!” que García-Page le achacaba en la primera ola de la pandemia a Pedro Sánchez. No estaría de más que se explicara el porqué de estos rechazos, que mucha gente no entiende, sobre todo, cuando tiene, en estos días, que pedir cita para una consulta o una prueba médica o cuando en los medios de comunicación los profesionales sanitarios hablan del peligro de colapso de los hospitales y del nivel de tensión que viven.

Son cosas que no se entienden en los días que corren. Como tampoco se entienden, cuando la mayoría de las empresas y los trabajadores se enfrentan a la incertidumbre de un horizonte que no se despeja, noticias como la que leo en La Tribuna de Ciudad Real: “El Comité de Empresa de Repsol Petróleos denuncia la imposición de la empresa de consumir vacaciones o descansos acumulados desde el 2013…” y la noticia aclara que esa imposición de tomarse los días acumulados desde hace, nada menos que siete años, afecta a los trabajadores de las plantas que se encuentran paradas por trabajos de supervisión…”. En fin, que ya quisieran el noventa y nueve por ciento de los trabajadores afectados por los ERTES, cuando no por los despidos que son la consecuencia natural de la persistencia de la crisis, que su empresa les obligara a tomarse vacaciones mientras la actividad que hacen es imposible de realizar. Y luego alguien se extrañará del prestigio de muchos sindicalistas. Uno no lo comprende. En fin, así vamos.