Maricamen en el momento del desahucio, este miércoles.
Nadie quiere que una mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad, termine desalojada de su casa. Eso no admite discusión. Pero tampoco admite discusión otra cosa: utilizar el drama de Maricarmen para cargar contra Ayuso o Almeida como si ellos hubieran ordenado el desahucio es convertir una tragedia en munición política de forma vomitiva y partidista.
El lanzamiento fue judicial y aunque las comunidades autónomas tienen las principales competencias en vivienda, el Gobierno de España tiene una responsabilidad evidente en el marco legislativo, la financiación y la política nacional de vivienda. De hecho, el propio Ministerio reconoce que las comunidades ejercen la competencia en vivienda mientras el Estado dirige y financia buena parte de las políticas.
Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio de 2018. Han pasado más de ocho años y después de ocho años de Gobierno, resulta legítimo hacerse una pregunta bastante incómoda: ¿dónde están los resultados de la política de vivienda?
Porque mientras el Ministerio acumula leyes, planes, anuncios y campañas, el problema no deja de empeorar. El precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026 y el Banco de España calculó que el déficit de vivienda nueva podía situarse en torno a 600.000 viviendas en 2025, además de señalar que España necesitaría incorporar alrededor de 1,5 millones de viviendas al alquiler social para acercarse al nivel medio europeo.
La respuesta del Gobierno vuelve a ser otro gran anuncio: 7.000 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Muy bien. Pero hay algo que empieza a resultar difícil de explicar: si después de ocho años necesitamos todavía planes cada vez más grandes porque la vivienda sigue siendo inaccesible, quizá habría que preguntarse si el problema está precisamente en la política que se ha venido aplicando.
Sánchez, regular no es construir. Anunciar ayudas no es construir. Señalar al propietario no es construir y presentar una rueda de prensa como una solución tampoco construye una sola vivienda.
La política de vivienda necesita exactamente lo contrario de lo que hemos visto demasiadas veces: menos propaganda y más oferta. Más suelo disponible, más construcción, más vivienda pública, más rehabilitación y seguridad jurídica para quien quiera alquilar, porque si conseguimos que un propietario tenga miedo de poner su vivienda en alquiler, habremos conseguido exactamente lo contrario de lo que necesitamos.
Señor Sánchez, aquí está la paradoja: mientras el Gobierno explica que ahora va a hacer lo que durante años no ha conseguido hacer, miles de familias siguen sin poder acceder a una vivienda a un precio razonable.
Maricarmen no necesita un mitin. Necesita una solución y España tampoco necesita otro Ministerio explicando lo mucho que va a hacer.
Después de ocho años, lo que necesitamos son resultados, porque una política de vivienda que produce cada vez más normas, más anuncios y precios cada vez más altos tiene todo el derecho a defenderse; pero también tiene la obligación de explicar por qué ha fracasado en lo esencial: conseguir que los españoles puedan vivir en una casa sin arruinarse por ello.
Ojalá nadie haga política con lo que estamos viviendo y de una maldita vez alguien se ponga a trabajar para lograr un precio de la vivienda acorde a la vida, que el Ministerio de Vivienda busque las soluciones que no se han buscado en los últimos ocho años, que alguien explique por qué el precio de la vivienda lleva aparejado un 30% de impuestos y, por último, que de una vez se pongan medidas para frenar el miedo que tienen 400.000 familias a alquilar por culpa de la ocupación.
Ojalá todos los que están acampando en Madrid como señal de protesta realmente sepan qué están pidiendo y a quién tienen que culpar del problema.
