No negaré que llevaba varios meses escuchando el runrún de que "presuntamente" Bono estaría también metido en lo de Ábalos y Koldo. Incluso, en las primeras semanas del escándalo, algún enterado me llegó a comentar que era cosa de días que saliera el nombre del expresidente de Castilla-La Mancha en los papeles… pero, pasó el tiempo, y ese mismo ‘enteraó’ cambió de versión, apostando ahora por eso de que Bono era muy listo y no se dejaba grabar.

El runrún pasó… hasta que llegó el WhatsApp, el talón de Aquiles de todo candidato a la imputación (salvo para los Fiscales Generales del Estado, cuyo teléfono móvil parece ser que va dotado del botón de autodestrucción). Tal y como leo en exclusiva en este digital, el exministro de defensa y expresidente del Congreso también ha terminado sucumbiendo a la tentación de la mensajería instantánea para pedir favorcillos -siempre presuntamente- al clan de Koldo, Ábalos y compañía. Lo que no pudo el Pocero, ¿lo terminará consiguiendo la aplicación del teléfono verde?

En concreto, según cuenta la noticia, José Bono tiró de WhatsApp para pedirle a Ábalos favores urbanísticos para un cliente/amigo de Dominica. Y hasta aquí puedo leer. A quien le pique la curiosidad, que se suscriba, que la prensa también tiene derecho a comer y a cobrar un sueldo digno.

Precisamente de esto va esta columna, de la prensa y su necesidad de independencia económica para ser libre de publicar noticias. Hace muchos años, cuando en Toledo todavía había Asociación de Periodistas, participé en unas jornadas sobre prensa digital. Habrán pasado casi 15 años, pero hubo una frase que se me quedó: "cuando la prensa consiga hacer rentable internet, estará salvada".

No se confunda, querido lector, la prensa gratuita no existe. El precio a pagar por no pagar es muy alto, demasiado. La mayoría de las veces pasa por tragarse publirreportajes vestidos de noticias. Y, lo más grave, las noticias gratis se hacen siempre a costa de la mordaza que ponen las instituciones (todas, da lo mismo quien las gobierne) a los periodistas para que cuenten la ‘mejor versión de los hechos’, bajo amenaza de retirar la publicidad institucional. (De los falsos periodistas, ya tocará hablar en otra columna).

Hacen falta muchas cosas: una ley de publicidad institucional que elimine la discrecionalidad política a la hora de repartir los dineros públicos; colegios de periodistas (titulados) fuertes y con poder real de decisión sobre la profesión; que se regule de una vez el dichoso artículo 20 de la constitución (derecho a la información), que parece que nadie se atreve a tocar…

Pero para hacer todo esto hace falta tiempo (que los periodistas no tienen) y voluntad política (que se lleva poco últimamente). Por eso los medios han vuelto a una fórmula que ya probaron hace unos años: las suscripciones. Espero que ahora sí funcione, por el bien del periodismo y, por ende, de la democracia. En cuanto a Bono, ¿terminará imputado? ¿Seguirán saliendo WhatsApps sobre rotondas y favores inmobiliarios? Se verá.