Patricia Franco, consejera de Economía, y Emiliano García-Page, presidenta de Castilla-La Mancha.
La nueva ley de Page para atraer empresas a Castilla-La Mancha: trámites exprés y financiación a cambio de crear empleo
El borrador del anteproyecto de la norma de inversiones empresariales estratégicas se enfoca hacia las "iniciativas innovadoras y sostenibles".
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Castilla-La Mancha exigirá a las mercantiles que quieran asentarse en la región y deseen acogerse a los beneficios que recoge la consideración de inversión empresarial estratégica una aportación de hasta 10 millones de euros —cuando escojan localidades de más de 30.000 habitantes— y la obligación de mantener un número mínimo de puestos de trabajo indefinidos.
A cambio, la norma pendiente de aprobación aspira a "establecer un marco de tramitación preferente, de acompañamiento, asesoramiento y seguimiento de las inversiones empresariales que sean declaradas estratégicas".
En el borrador del anteproyecto de ley, recién publicado, la Junta de Comunidades se compromete a "una mayor flexibilidad para adaptarse a la realidad económica", también al impulso de la "competitividad del tejido productivo a través de la atracción de iniciativas innovadoras y sostenibles".
Desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pretenden seducir a nuevas empresas que aporten a la región "un valor añadido que las haga singulares por su especial contribución al desarrollo económico, social y territorial, así como a la generación de empleo y riqueza", reza el documento.
La ley en fase de estudio subraya la obligación de generar empleo indefinido a jornada completa durante los tres primeros años de implantación de la sociedad en la región: en los municipios de más de 30.000 habitantes se tendrán que crear 30 puestos de trabajo; en aquellos pueblos cuyos censos caigan de 5.000 vecinos se requerirán cinco trabajadores.
Además del impacto laboral, la normativa prevé una inversión mínima en activos fijos: la apuesta económica oscila entre los 10 millones en las ciudades con más de 30.000 empadronados y el millón para los municipios de menor tamaño.
Para conseguir la catalogación de inversión empresarial estratégica también se valorará la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto; asimismo, se considerará obligatorio que sobre la promotora no recaiga la prohibición de contratar con la administración pública o de acceder a subvenciones.
Del mismo modo, el borrador plantea medidas para favorecer el reequilibrio territorial. En zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, los requisitos de empleo e inversión se reducen a la mitad, con el fin de atraer iniciativas al medio rural.
De forma excepcional, el Consejo de Gobierno podrá declarar estratégicos proyectos que no cumplan todos los criterios si presentan "un impacto relevante (...), ya sea por su carácter innovador, (...) su capacidad de mantener o generar un número significativo de empleos directos o indirectos, o por conllevar un desarrollo tecnológico que represente un avance cualitativo en la industrialización".
Ventajas, procedimientos y controles
A las propuestas distinguidas como inversión empresarial estratégica se les favorecerá "su implantación y puesta en funcionamiento de manera urgente". Con carácter general, y salvo algunas excepciones, se reducirán "los plazos a la mitad".
Los proyectos declarados como inversiones empresariales estratégicas "tendrán preferencia para acceder a líneas de financiación o formalización de avales ante la Administración de la Junta de Comunidades", relata el borrador.
Además, el borrador establece que el procedimiento para la declaración de un proyecto como inversión empresarial estratégica "se iniciará a solicitud de la persona promotora".
La competencia para considerar una inversión empresarial como estratégica corresponderá a la titular de la Consejería dedicada a la promoción empresarial, actualmente Patricia Franco.
Los proyectos deberán estar vinculados a sectores como la agricultura, la ganadería, la industria manufacturera, el turismo y la hostelería, la construcción, la logística, las telecomunicaciones o las actividades sanitarias y de servicios sociales.
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El Gobierno regional se reserva la aplicación de "mecanismos de evaluación y seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por las personas promotoras de inversiones empresariales calificadas como estratégicas".
Al respecto, se creará una Comisión de Valoración, compuesta por una presidencia y cinco vocalías, que será el órgano colegiado competente para la evaluación de las solicitudes.
"Acompañar" el impulso económico
Este miércoles, el Gobierno de Castilla-La Mancha mostró su satisfacción por este nuevo paso en la tramitación de una ley que confía en tener aprobada en el último trimestre de 2026.
Franco instó a los agentes implicados a hacer aportaciones para pulir un marco que tiene que permitir "crecer y acompañar los proyectos estratégicos que ponen su mirada en la región".
La norma relevará a la Ley de Proyectos Prioritarios que, "durante los años de pandemia sirvió para impulsar el crecimiento económico". Cinco años después, han aflorado aspectos en los que mejorar "que vamos a acometer".
