El Gobierno ha aprobado este martes liquidar el rescate de la autopista de peaje quebrada AP-36 (Ocaña-La Roda) con una responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) de 411,3 millones de euros, que tendrá que pagar a sus avalistas, acreedores y administradores concursales.

En su último encuentro del año, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera resolución del cálculo de la RPA para la AP-36, un 29 % superior a la anunciada el pasado marzo, y ha confirmado que no corresponde indemnización alguna por este concepto a la M-12, que une Madrid con la T-4 del aeropuerto de Barajas.

No obstante, estas cantidades serán revisadas en las resoluciones complementaria y definitiva, que se determinarán cada seis meses para tener en cuenta las situaciones pendientes de expropiación, motivo por el cual se ha retenido en ambos casos parte de la responsabilidad patrimonial calculada, según ha detallado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras la reunión del Consejo.

El procedimiento para determinar la primera resolución del cálculo de la RPA, que incluye un trámite de audiencia a los interesados en el que se han analizado todas las alegaciones presentadas, cuenta con informe favorable de la Abogacía del Estado.

A comienzos de año, el departamento que dirige José Luis Ábalos informó de la apertura de este trámite para la liquidación provisional de la RPA de la AP-36, estimada entonces en 318,12 millones de euros.

Fue la segunda concesión que se sometió a esta consulta tras la de la M-12, iniciada el pasado 31 de enero y en la que el Ministerio determinó que no correspondía indemnización alguna por responsabilidad patrimonial de la administración.

En concreto, Transportes reconoció a la autopista madrileña una RPA de 54,37 millones de euros, cantidad a la que restó los 194,72 millones que previsiblemente necesitaría para hacer frente a expropiaciones pendientes de pago, por lo que el importe resultante era de -140,35 millones para los tenedores de los derechos de cobro.

"Esto significa que no perciben ninguna cantidad, pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con creces la RPA reconocida", explicaba entonces el Ministerio en un comunicado.

La AP-36 fue adjudicada en 2004 mediante real decreto a la agrupación constituida por Ferrovial Infraestructuras, Europistas, Concesionaria Española y Budimex.

Años más tarde, en diciembre de 2012, la sociedad se declaró en concurso voluntario, abriéndose la fase de liquidación el 24 de febrero de 2015.

Por su parte, la M-12 recayó en 2002, también mediante real decreto, en la sociedad concesionaria Autopista Eje Aeropuerto, Concesionaria Española, declarada en concurso de acreedores en diciembre de 2013 y cuyo procedimiento de liquidación se abrió en octubre de 2015.

Ambos contratos fueron resueltos en julio de 2018 por acuerdo del Consejo de Ministros, que ordenó al Ministerio de Transportes que tramitara el expediente de liquidación a partir del correcto cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración.

El servicio en las autopistas se ha mantenido por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), que asumió su explotación en 2018.

Más allá de la AP-36 y la M-12, Transportes continúa con la tramitación de los expedientes de cálculo de la RPA del resto de autopistas que se encuentran en fase de liquidación.