La Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir) ha lamentado el anuncio del Gobierno regional de que se van a realizar auditorías en residencias de mayores de la región.

En un comunicado de prensa, las empresas de Servicios Sociales de Fecir han mostrado su descontento por esta decisión y han recordado que la crisis sanitaria motivada por el coronavirus está afectando de manera muy drástica a los sectores más vulnerables de la sociedad y también a los profesionales que les dan servicio.

Fecir ha señalado que estas empresas que realizan labores sociales, generalmente a través de conciertos o contratación pública de las administraciones públicas, "no pueden ser los únicos responsables" de las carencias de las medidas de protección que han existido.

En este sentido, han apuntado que las residencias de mayores han sufrido "problemas de procedencia externa", como la cancelación por parte de diferentes proveedores de Equipos Personales de Protección (EPI's) para poder suministrarlos a los servicios públicos.

Unido a este problema, que podría valorarse como "puramente logístico", Fecir ha criticado que estas empresas se encuentran ante "una total desatención por parte de sus interlocutores de la administración, sintiendo una sensación total de abandono, no sólo hacia las propias empresas, sino también hacia sus trabajadores".

Y ha hecho hincapié también en que las empresas que prestan servicios sociales, en general, y las que gestionan centros de mayores de la provincia de Ciudad Real están afrontando esta crisis, realizando "esfuerzos extraordinarios para prestar el servicio en las mejores condiciones, con unos recursos cada vez más limitados".

Ante esta situación, Fecir considera que es posible que el presidente regional, Emiliano García-Page, "no haya sido informado de estas faltas de medios cuando, en sus declaraciones a una cadena de radio, reconocía el drama de las residencias", algo que, por otro lado, "tanto empresas, como trabajadores, usuarios y familiares comparten".

Además, en opinión de Fecir, la realización de auditorías "no se entiende en estos momentos tan sensibles" y,en teoría, deberían estarse realizando desde hace casi una década.

Con todo, han apuntado que, "en caso de existir negligencias, se deberá tomar represalias empezando, en primer lugar, por la Consejería competente encargada de las inspecciones".