Los responsables de Hacienda de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia han reclamado este miércoles la reforma del sistema de financiación autonómica de manera "inaplazable", para que las comunidades puedan "garantizar con equidad los servicios fundamentales".

En el marco de la XI Jornada RIFDE sobre financiación autonómica celebrado en Valencia, han pedido que se aborde de forma consensuada entre todas las regiones, aunque han reconocido las "diferencias" de criterio.

No es la primera vez que el Gobierno de Castilla-La Mancha hace frente común con las comunidades gobernadas por el Partido Popular en el marco de la financiación económica. Prueba de ello fue la reunión informal que el presidente, Emiliano García-Page, mantuvo con los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid en enero de 2024.

[Page hace piña en Fitur con los presidentes de las comunidades infrafinanciadas del PP]

"Negociar un nuevo modelo"

El consejero castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha remarcado que es "prioritario negociar un nuevo modelo" y que "es más lo que une a las comunidades autónomas que lo que las separa". Ha defendido que se convoque una Conferencia de Presidentes para abordar las reivindicaciones de su comunidad y la reforma del modelo de financiación. Ha apostado por que sea un comité de expertos independientes quien, tras consultar con las CCAA, haga una propuesta que se debata en el CPFF.

Ruiz ha defendido la necesidad del fondo transitorio y ha indicado que Fedea lo cifra en 3.000 millones. También se ha mostrado partidario de "proceder cuanto antes a una reestructuración o condonación de deuda" y ha defendido que debe ser la AIReF la que diferencie qué parte se corresponde a la infrafinanciación.

Intervención de Ruiz Molina.

Asimismo, ha pedido que "las comunidades que no son de régimen común, como el País Vasco y Navarra, aporten más en términos de solidaridad de lo que vienen haciendo hasta ahora"; ha pedido un "reparto equitativo" entre el dinero que gestiona la Administración del Estado y las administraciones autonómicas y locales; "armonización fiscal" y "revitalizar" el Fondo de Compensación Interterritorial.

En la misma línea, ha señalado que el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, ya reclamó por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hacer efectivo el principio de lealtad institucional, de tal manera que cuando se tomen decisiones a nivel estatal que afecten a los ingresos o a los gastos de las comunidades autónomas, vaya acompañado de la necesaria financiación". También ha abogado por la "armonización fiscal" para evitar la competencia "desleal".

Preguntado por las entregas a cuenta, ha señalado que su comunidad no tiene tensiones financieras. "Yo no tengo prisa, pero sé que antes del final de año se va a solucionar", ha indicado.

Resto de autonomías

Por su parte, la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, ha reconocido la "diversidad de opiniones" sobre el modelo, pero ha destacado el objetivo de lograr "la igualdad entre todos los españoles a la hora de hacer frente a sus necesidades básicas". Sobre las reivindicaciones de la Comunitat, ha señalado que "lo principal es que tras muchos años muy lejos de la media de financiación se han ido generando unos déficits y una deuda que lastra muchísimo", por lo que se debe abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Conferencia de Presidentes, con "trabajos técnicos objetivos hechos por expertos".

De su lado, el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Gorgos, ha avisado que "los servicios sociales de dependencia y de sanidad se pagan con euros, no se pagan con corticoles, y con mil millones menos las comunidades autónomas hemos tenido que hacer milagros para financiar estos servicios", ha incidido.

Gorgos ha expuesto que el sistema debe reformarse "sobre unas bases comunes, garantizando la igualdad entre todos los españoles", para lo que "habrá que estudiar los diferentes costes que tiene que soportar cada comunidad autónoma".

Por último, el titular de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha destacado que las cuatro administraciones han coincidido en que la reforma del modelo es "inaplazable" y debe "acometerse a la mayor brevedad posible" porque "estamos poniendo en juego la prestación de servicios públicos fundamentales". A su juicio, "lo que falta es voluntad política" por parte del Gobierno central".