ANPE recurre las instrucciones de admisión de alumnos con necesidades especiales en los colegios de Castilla-La Mancha

El sindicato de docentes ANPE Castilla-La Mancha ha presentado un recurso de alzada contra las instrucciones de admisión del alumnado en la comunidad para el curso 2026/2027 tras considerar que dichas normas "introducen limitaciones que no se ajustan al marco normativo estatal y autonómico vigente en materia de inclusión educativa".

Según el sindicato, así lo han determinado al examinar algunos aspectos, como los relativos a la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales.

ANPE afirma que las instrucciones "condicionan la reserva de plazas, la reducción de ratios y la planificación de determinados recursos personales a la aportación de certificados de discapacidad o informes clínico-sanitarios externos al sistema educativo, lo que supondría dilación en el tiempo de respuesta".

"Este requisito introduce una barrera administrativa que puede retrasar o dificultar la respuesta educativa adecuada, al depender de procedimientos gestionados por otras administraciones cuyos tiempos no siempre coinciden con el calendario escolar", ha alertado.

Además, el recurso advierte que estas previsiones pueden tener un "impacto directo" en la organización de los centros educativos y en las condiciones de trabajo del profesorado, ya que "limita la dotación de determinados recursos especializados y genera una mayor carga a los equipos docentes y de orientación".

"Las instrucciones de admisión desdibujan el papel técnico y pedagógico de la orientación educativa en los centros", ha denunciado.

Atender a la legislación educativa

ANPE ha recordado que el modelo de inclusión educativa que recoge la normativa de Castilla-La Mancha indica que la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización de los orientadores son "los instrumentos fundamentales para identificar las necesidades del alumnado y proponer las medidas educativas y los recursos necesarios".

"Las nuevas instrucciones supeditan la eficacia de estos informes a la existencia de acreditaciones externas, algo que desplaza el criterio profesional desde el ámbito educativo hacia otras administraciones", ha expresado.

Por ello, ha pedido que las instrucciones de admisión "se adapten plenamente a la legislación educativa estatal y autonómica, propiciando que la planificación de plazas, ratios y recursos personales responda a las necesidades educativas detectadas por los profesionales del sistema educativo".

Y que se declare la nulidad, o subsidiariamente la anulabilidad, de los apartados de las instrucciones que introducen estas limitaciones.