La Fiscalía ha pedido este jueves al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que ordene el ingreso en prisión incondicional para la presidenta del Parlamento de Cataluña y otros exmiembros de la Mesa de la Cámara que han declarado este jueves por delitos de rebelión, sedición y malversación por facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral d independencia (DUI), han señalado fuentes fiscales. Se solicita una fianza aún por determinar para Ramona Barrufet y libertad para Joan Josep Nuet.

Los fiscales han vuelto a pedir, tal y como solicitaban en la querella" la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes que se se fija en un importe de*6.207.450 euro".

En el caso de Nuet, de Si que es Pot, su defensa viene asegurando que nunca facilitó la tramitación de los acuerdos parlamentarios que se llevaron al Pleno del Parlament en relación con el 'procés', ya que o bien se abstuvo o votó en contra. La explicación ha motivado que los representantes del Ministerio Público soliciten para él únicamente que comparezca ante el juez, con una periodicidad todavía por confirmar.

Con respecto a Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlament, las mismas fuentes presentes en la declaración han manifestado que su caso es diferente del de sus compañeros porque ha manifestado durante su declaración que el referéndum del 1-O no tuvo validez, ya que no contaba con garantías. En otro momento de su declaración, la parlamentaria habría rechazado según las mismas fuentes la vía unilateral y reconocido que el proceso sólo podría desarrollarse con pacto, además de decir que acata la aplicación del artículo 155 de la constitución.

Ya en la querella presentada contra todos ellos, la Fiscalía contemplaba la adopción de las cautelares "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas". La petición de presión iría dirigida ha evitar la reiteración de estas conductas.

La petición se ha realizado después de que Forcadell haya ha asumido este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, según fuentes presentes en la declaración, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara. La parlamentaría también ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como "simbólica" y "declarativa".

En esta misma línea habrían declarado el resto de exmiembros de la Mesa del Parlament que han sido interrogados este jueves que son Lluís María Corominas, Lluís Guinó, según las fuentes consultadas.

Siete horas de declaraciones

Las declaraciones, que se han prolongado a lo largo de siete horas, comenzaron pasadas las 9.30 horas de la mañana de este jueves con Forcadell, que ha sido la que más tiempo ha comparecido ante el magistrado instructor.

Las mismas fuentes han destacado que los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal primero, y Javier Zaragoza y Jaime Moreno (que han sustituido a los anteriores al empezar la declaración de la cuarta investigada, Ana Simó), han incidido durante su interrogatorio sobre si las intenciones de los parlamentarios eran violentas, lo que ellos han negado. Han reconocido no obstante que sus llamamientos pacíficos pudieron terminar en incidentes en las calles aunque ésta no fuera su intención.

Dos querellas

La Fiscalía General del Estado presentó el 30 de octubre dos querellas, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo, contra un total de 20 personas por hechos que engloban todo el denominado 'procès' que concluyó el pasado 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña.

La querella interpuesta en el Supremo iba dirigida contra Forcadell y los cinco exmiembros de la Mesa, todos ellos aforados por pertenecer a la Diputación Permanente del Parlamento catalán, salvo Nuet. En cuanto a la Audiencia Nacional, la Fiscalía se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 12 consejeros.

La Audiencia Nacional también concentró el pasado jueves las declaraciones de estos investigados, aunque el 'expresident' y cuatro de sus subordinados no se presentaron ante la juez Carmen Lamela, por lo que lanzó una orden de detención europea y otra de búsqueda y captura internacional. La magistrada de la Audiencia Nacional envió a prisión a los nueve altos cargos del Govern que sí comparecieron en las dependencias judiciales, entre ellos Santi Vila, al que dejó en libertad al día siguiente tras pagar una fianza 50.000 euros.

La instrucción determinará si es conspiración

Sobre los delitos denunciados en la querella, la el auto por el que el Supremo admitió a trámite la querella ya explicaba que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia. Para el alto tribunal, "será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad".

"Será entonces cuando pueda precisarse si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria".