Santos Juliá

Santos Juliá Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2019. 378 páginas. 21,80 €. Ebook: 13,29 €

La pluma de Santos Juliá (Ferrol, 1940) se mueve con la misma soltura en el análisis histórico y en el comentario de actualidad, con un estilo muy similar en ambos casos. Ello se advierte en Demasiados retrocesos, un libro que recoge tanto ensayos académicos como artículos de prensa de los últimos años. En ellos aborda temas variados -desde la angustia y el pesimismo causados por la derrota de 1898 hasta la insólita formación del gobierno de Pedro Sánchez en 2018, aupado por una coalición que carecía de proyecto compartido- pero tienen un denominador común y revelan una misma preocupación. El denominador común se halla en el esfuerzo de comprender los problemas del presente desde la perspectiva del pasado. Juliá recuerda, por ejemplo, la perenne tentación del nacionalismo catalán de aprovechar los momentos de debilidad del Estado español para sus propósitos rupturistas: la caída de la monarquía en 1931, cuando Maciá proclamó un Estado catalán que el gobierno provisional republicano logró desactivar en tres días; la crisis provocada en 1934 por la entrada de la derecha en el gobierno, que llevó a los socialistas a alzarse en armas contra la República y a Companys a proclamar una República catalana que duró unas horas; y finalmente la tormenta perfecta que en 2017 unió el legado de los años de recesión y corrupción con la debilidad del gobierno minoritario de Rajoy y condujo a la disparatada declaración unilateral de independencia por el dúo mal avenido de Puigdemont y Junqueras. Sin embargo, esos antecedentes no suponen una condena a repetir siempre los mismos errores. No se repitieron en la Transición democrática, a la que ciudadanos y partidos catalanes realizaron una aportación de primer orden.

El denominador común de estos ensayos de Santos Juliá se halla en el esfuerzo de comprender los problemas del presente desde la perspectiva del pasado

La preocupación de Juliá retoma el lamento que hace más de un siglo expresó Juan Valera acerca del continuo tejer y destejer de la política española. Nuestro país experimentó un retroceso con el golpe de Primo de Rivera en 1923, que supuso una vuelta a la era de los pronunciamientos militares, felizmente interrumpida desde 1876, y frustró la posible democratización de la monarquía. Y un retroceso aún mayor con el alzamiento militar de 1936, cuya ferocidad desde el principio nada tuvo que ver con la relativa moderación de los tradicionales pronunciamientos, incluido el del general Sanjurjo en 1932, y que dio origen a un régimen que repudiaba toda la modernidad europea y española desde el siglo XVIII. El artículo sobre los orígenes de la Guerra Civil puede resultar discutible y habría que matizar su aseveración de que no fue la polarización de la sociedad española la que generó la guerra, sino que fue el golpe militar el que generó tanto la guerra como la polarización. Muy ponderado es en cambio el artículo sobre la represión en los dos bandos, que quienes propugnan la llamada memoria histórica parecen creer que se produjo sólo en uno. Basándose en los estudios publicados hasta 2010, el autor concluye que el número de personas asesinadas fue de 141.951 por parte del bando franquista, incluida la represión de posguerra, y de 50.065 -incluidos 6.832 religiosos y religiosas- por el bando republicano. A comienzos de nuestro siglo, España gozaba de prosperidad económica y de una democracia estable, pero a partir de 2008 nos golpeó de lleno la Gran Recesión y el sistema de partidos cayó en el descrédito por los escándalos de corrupción y por la severidad de los recortes en el gasto público, que Juliá atribuye a una voluntad del Partido Popular de acabar con el Estado del bienestar, aunque en realidad respondieron a la necesidad de reducir el déficit. La democracia ha capeado con éxito el temporal, pero queda el desafío del independentismo catalán. Para hacerle frente, los consejos de Juliá se limitan al habitual repertorio de buenas intenciones, es decir no darle argumentos, como habría hecho la justicia al mantener en prisión preventiva a los líderes del intento secesionista, y abordar una reforma constitucional en la que el gobierno de la Generalitat estuviera dispuesto a implicarse. Reconoce, sin embargo, que no se dan las condiciones políticas que serían necesarias para ello.