"Deseo que mi sangre sea la última que vierta un tribunal militar en este país", dijo Xosé Humberto Baena, el último ajusticiado del franquismo, en el consejo de guerra que lo condenó a la pena capital. Su última voluntad se cumplió.

En torno a las 10 de la mañana del 27 de septiembre de 1975 un grupo de agentes de la Guardia Civil descargó sus fusiles contra su cuerpo arrodillado, arrebatándole la vida. Franco murió apenas dos meses después y la pena de muerte fue abolida en 1978, con la Transición en marcha, pero las balas siguen silbando medio siglo después de los últimos fusilamientos. 

Coincidiendo con la efeméride, acaban de publicarse tres libros que se ocupan del asunto. Mañana matarán a Daniel (Random House), de Aroa Moreno Durán; El verano de los inocentes (Anagrama), de Roger Mateos; y Terrorismo y represión (Tecnos).

Este último, coordinado por Gaizka Fernández Soldevilla, María Jiménez Ramos y Josefina Martínez Álvarez, es una recopilación de textos de varios autores, entre los que se encuentra Manuel Calderón, que ya publicó en 2024 Hasta el último aliento (Premio Comillas, Tusquets), la crónica que desmontaba el relato de los revolucionarios en el caso Salvador Puig Antich, ajusticiado por garrote vil en 1974.

Cada uno de estos libros glosa, desde distintos enfoques, algunas certezas que ya se conocían. Por ejemplo, que los juicios por los que fueron condenados a muerte Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz, militantes del FRAP, y Ángel Otaegui y Juan Paredes Manotas 'Txiki', miembros de ETA, fueron una farsa.

Amparado en el decreto ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo, puesto en marcha cuando los militantes antifranquistas ya estaban detenidos, el régimen dispuso cuatro consejos de guerra para aplicar el procedimiento sumarísimo a cada uno de los juicios, en los que la última palabra correspondía a militares sin formación jurídica.

El nuevo decreto contemplaba penas mucho más severas para los delitos de índole política y permitía acelerar la instrucción, con el objetivo de que los letrados no tuvieran tiempo ni para leer el sumario. Además, disponían de dos horas para presentar alegaciones en lugar de tres días, como ocurría con la ley anterior.

La instrucción de cada uno de los juicios estuvo, por tanto, plagada de irregularidades: los tribunales no contaron con la comparecencia de testigos ni se admitieron pruebas para la defensa. Se atuvieron a las confesiones bajo tortura de los detenidos y no se tuvo en cuenta que en sede judicial, sin la presencia de los agentes de la Brigada político-pocial, se desdijeran.

Tras la violación de los derechos de los reos, así como de sus garantías procesales, solo quedaba esperar al indulto de la máxima autoridad, Franco, pero este ni siquiera quiso ponerse al teléfono cuando la noche anterior a los fusilamientos llamó al Pardo el papa Pablo VI para pedir clemencia. El "enterado" del Consejo de Ministros, trámite definitivo, conmutó las penas de muerte por un máximo de treinta años de prisión a seis de los once condenados inicialmente, pero ratificó las de los otros cinco citados.

Aquello fue "una venganza en forma de asesinato por el asesinato del presidente Carrero Blanco" dos años antes, propone Moreno Durán en Mañana matarán a Daniel, que alude al nombre de guerra de Humberto Baena en el FRAP, una organización que aglutinaba varios grupos antifascistas surgida del Partido Comunista Español marxista-leninista –el PCE (m-l), una escisión del PCE original tras la deriva "revisionista" de Santiago Carrillo–.

Ciertamente, en los últimos años la escalada de violencia de los grupos antifranquistas colisionó con las más altas cotas de represión del régimen. En 1975 arreciaba la crisis del petróleo y Franco, que no estaba dispuesto a bajarse de la ola del desarrollismo, seguía empeñado en presentar su talante moderado ante Europa.

La realidad interna era muy distinta: cierre de universidades, estado de excepción en el País Vasco y miles de detenciones políticas; no solo militantes que luchaban contra la dictadura, sino también artistas, como los que participaron en la huelga de actores ese año.

El punto de partida que propició la escritura del libro Moreno Durán fue el encargo de un periódico. Cuando comienza a investigar, se da de bruces con un dato sobrecogedor: "Tres hombres murieron delante del talud de montaña donde cantábamos cuando éramos jóvenes". La escritora descubre que en el mismo pueblo donde veraneaba, Hoyo de Manzanares (Madrid), tuvo lugar la despedida sangrienta del dictador.

La investigación en la que acaba embarcada fructifica en el libro más personal de los que nos ocupan. Con un tono sobrio, casi aséptico en su forma pero conmovedor en su fondo, relata su peripecia personal a lo largo del proceso de escritura: las conversaciones familiares, la relación con su hijo e incluso su separación. 

En lo referido al caso de los fusilamientos, Moreno Durán permanece mucho más alineada al libro de Roger Mateos que al de Represión y terrorismo. La escritora y el jefe de sección de Política en la agencia EFE de Barcelona no tienen reparos en señalar la tragedia que supuso que el FRAP se decantara por las armas en 1975, pero también desvelan su repulsa hacia las ejecuciones tras los juicios sumarísmos y muestran su respeto hacia la lucha contra la dictadura.

Por su parte, los autores que participan en Represión y terrorismo rechazan la teoría, secundada por muchos sectores sociales y políticos en la actualidad, de que las acciones violentas de grupos políticos como ETA, el FRAP o el GRAPO allanaron el camino de la Transición. Antes al contrario, reivindican a las víctimas del terrorismo antifranquista, cuya memoria fue sepultada, mientras que los victimarios fueron mitificados como héroes revolucionarios.

Además, los textos de este libro proyectan un espectro más amplio, pues atienden al contexto internacional, a la oposición desde sectores sociales en España y no se ciñen solo al caso de los militantes del FRAP fusilados en Madrid, como es el caso de Moreno Durán y Mateos, sino que dispensan idéntica atención a los etarras. A propósito, Moreno Durán se cuestiona con encomiable honestidad: "Por qué descarté a los otros dos hombres que también fueron fusilados esa misma mañana. Solo porque murieron lejos de mi casa. O porque eran de ETA".

El libro de la escritora alberga una gran hondura psicológica, decíamos, pero la investigación de Mateos resulta aún más ambiciosa. A partir de un ingente material documental –actas de reuniones del Comité Ejecutivo del FRAP en el exilio, boletines internos de la DGS consultados en el Archivo Histórico Nacional, números de Vanguardia Obrera (el panfleto del PCE m-l), recortes de prensa y sobre todo entrevistas a algunos implicados–, acierta a poner sobre la mesa una pregunta crucial: ¿Y si Baena era inocente del delito por el que fue condenado a muerte?

Y si de verdad fuera inocente, entonces ¿quién asesinó a sangre fría a Lucio Rodríguez, agente la policía armada, en la calle Alenza de Madrid el 14 de julio de 1975? Es aquí, en esta incómoda cuestión, donde advertimos una clara colisión entre los libros de Mateos y el de Represión y terrorismo. Pero vayamos antes al relato oficial del caso. 

Según la Brigada político-social, que contaba entre sus filas con figuras tan abyectas como el comisario Conesa y Billy El Niño, dos salvajes torturadores, Baena formó parte del primer comando del FRAP que acabó con la vida de una persona. Rodríguez, natural de Villaluenga de la Sagra (Toledo), se encontraba en la puerta de las oficinas de Iberia esperando a su relevo, que ese día se retrasó. De un coche se bajaron dos personas, Carlos Mayoral y Baena, y este último disparó a quemarropa sobre el policía, ocasionándole la muerte. Se iba a casar en septiembre.

Baena fue detenido el 22 de julio, cuando aún no sabía que Mayoral lo había incriminado –bajo torturas en los calabozos de la DGS, en la Puerta del Sol– como autor material de los hechos. Solo unos minutos después de arrancar su interrogatorio, Baena se autoinculpa. Días después, en sede judicial, se retracta de su declaración, pero no delata a nadie. Daba igual, no le hubiera servido. Su sentencia estaba dictada.

El presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, que acababa de sustituir al malogrado Luis Carrero Blanco, no soportaba su fama de pusilánime, así que había endurecido la represión. El hijo del juez de la causa de Alenza reconoce ante Mateos: "Mi padre recibió instrucciones de muy arriba".

Pero al margen de estos precedentes, al autor de El verano de los inocentes no le encajan algunas piezas. Javier Baselga, abogado de Baena, sigue convencido de que este encubría a alguien. Por otro lado, la coartada que sitúa a Baena en Portugal el día antes del atentado, lo que hubiera hecho muy difícil su presencia en el comando solo unas horas después, no está desacreditada.

¿Y qué hay del incendio en la casa familiar de Vigo, donde se quemó toda la documentación que el padre de Baena, convencido de su inocencia, había recabado? ¿Quién hubiera querido hacer más honda la herida, habiendo sido ya fusilado, si no es porque temían que el caso fuera removido?

Mateos lamenta que los militantes vivos, entre los que se encuentran Mayoral y Manuel Blanco Chivite, ambos al frente del Comité de Madrid en 1975, no suelten prenda en ninguno de los encuentros que conciertan. Opinan estos que donde hay que investigar es en las cloacas del régimen, de las que aún no ha salido la identidad de los verdugos. Es legítimo, concede el autor, pero también considera relevante "comprobar si era cierto que Franco ordenó fusilar a inocentes".

Estas conjeturas no son lo suficientemente sólidas como para desactivar los "elementos que nos llevan a confirmar la responsabilidad de los acusados", opina Carmen Ladrón de Guevara Pascual, autora del capítulo "El FRAP a la luz de los consejos de guerra de septiembre de 1975", contenido en Terrorismo y represión. La abogada y Doctora en Derecho se atiene a "las declaraciones prestadas en sede policial de los detenidos", por más que las firmaran entre torturas.

"Asimismo, resulta relevante destacar que el arma utilizada en el atentado fue incautada al miembro del FRAP Xosé Humberto Baena Alonso en el momento de su detención", añade Ladrón de Guevara. Pero aquí es donde cristaliza la divergencia, pues Mateos manifiesta en El verano de los inocentes su absoluto convencimiento de que la policía amañó las pruebas balísticas para endosar el muerto a Baena.

Para explicar la tesis del autor hay que remontarse a otra acción perpetrada por el mismo comando cuatro días después del atentado de la calle Alenza. En este caso no lograron eliminar al objetivo, el policía Justo Pozo Cuadrado, que se salvó de milagro, pero Mateos concluye que fue Baena quien disparó (le encaja la declaración de un compañero de comando con el testimonio de una fuente de su investigación).

El quid de la cuestión es que Mateos detecta –revisando documentos de la DGS y recortes de prensa– que la policía, en cuanto detiene a Baena, modifica el informe de balística del atentado contra Justo Pozo, de modo que el calibre coincidiera en ambas acciones. Así, Baena habría disparado a Lucio Rodríguez, que murió en Alenza, y a Justo Pozo. La realidad es que las balas eran distintas, pero lo que necesitaban era un culpable de asesinato y el único asesinado hasta el momento era Rodríguez.

Por si fuera poco, Mateos descubre en El caso, el gran periódico de sucesos de la época, que en el atentado de Alenza participó "un tercero del que se desconoce cualquier referencia". La Brigada político-social obvia este dato para que pueda celebrarse cuanto antes el consejo de guerra, pero esa alusión a un desconocido es la que termina de dar forma a la teoría del autor de El verano de los inocentes: el verdadero autor material escapó y Baena ha preferido morir fusilado antes que entregarlo a la policía.

Flor Baena, su hermana, incluso va más allá. Esta misma semana aseguró en Hora 25, el programa de la Cadena Ser dirigido por Aimar Bretos, que conocía al verdadero asesino y estaba decidida a pedirle que diga la verdad en el homenaje que cada año se le hace a su hermano en Madrid. Al parecer, siempre asiste.

Sea o no sea cierta, la de Mateos no resulta una teoría conspiranoica; ni siquiera parece motivada por un revisionismo ideológico, sino por serias pesquisas. Pongamos una comparativa como ejemplo. Vicky, hermana de Sánchez-Bravo, otro de los ejecutados en el mismo pelotón que Baena, es una de las entrevistadas por Mateos en su libro. Esta asegura que su hermano no estaba en Madrid, sino en Murcia junto a ella, cuando se produjo el atentado que se le imputa: el asesinato del guardia civil Antonio Pose. Sin embargo, el autor desacredita su testimonio siguiendo las revelaciones de Carlos Fonseca en Mañana cuando me maten (La Esfera de los Libros), publicado en 2015 y reeditado para la ocasión.

Lo que nadie pone en duda es lo que Baena dijo a su padre cuando este le visitó en la cárcel de Carabanchel, mientras contenía su último aliento de vida. Fernando le propuso que le dijera la verdad, pues prefería tener la certeza de que a su hijo lo habían matado por un crimen que realmente había cometido. "No puedo darte ese consuelo, papá. Yo no lo hice", le dijo este. Le prometió también que en el fusilamiento pediría que no le taparan los ojos "para ver la muerte de frente". Los testigos que presenciaron el último fusilamiento confirman que así fue.