Hace apenas unas semanas, la publicación de un informe sobre piratería dejó conmocionada a la industria cultural española. Tras una década de datos decrecientes, durante el año pasado se produjeron 7.330 millones de accesos ilegales a contenidos, según el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2024, elaborado por la consultora GfK a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.

Se trata de un repunte muy significativo, pues se calcula un valor de 42.782 millones de euros en contenido ilegal, nada menos que un 9% respecto al año anterior. Además, es la cifra más alta registrada. Se calcula que la pérdida económica es de 3.032 millones de euros. Esto es lo que denominan el lucro cesante, o sea, lo que se ha dejado de ganar debido a las descargas ilícitas.

Por otro lado, según el informe el Estado dejó de percibir 955 millones de euros por culpa de la piratería y se impidió la creación de 188.058 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Y es que "los creadores y las industrias de contenidos digitales son un sector estratégico y dinamizador de otros sectores como el turismo, la hostelería, las telecomunicaciones…", recuerda a El Cultural Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores.

A lo largo de las últimas décadas, hemos asistido a numerosos casos mediáticos relacionados con el acceso a contenidos ilegales. Este jueves, precisamente, se filtró el nuevo álbum de Rosalía, Lux, pero hay que remontarse a casi principios de siglo para constatar la relevancia que la piratería tuvo en la industria cultural y cómo fue penetrando en el subconsciente de los ciudadanos.

No pocos artistas, hartos de ver sus discos pirateados, arremetieron contra el jocoso título que Joaquín Sabina escogió para su gira de conciertos en 2006: Carretera y Top manta. Lo cierto es que entonces la piratería había dejado de ser una broma. Los infractores navegaban a sus anchas a bordo del Kazaa, Ares y eMule, redes de intercambio directo de archivos ilegales entre usuarios a nivel internacional.

Poco después, las webs de streaming como Seriesyonkis y Cinetube permitían el libre acceso a contenidos audiovisuales con total impunidad en nuestro país. También existían los foros como Taringa!, en los que se compartían enlaces de visionado.

En aquel contexto de anarquía digital, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó en 2009 la Ley de Economía Sostenible, la denominada Ley Sinde (en alusión a la cineasta Ángeles González-Sinde, entonces ministra de Cultura), que integraba una disposición adicional sobre la propiedad intelectual en el marco digital.

El proyecto de ley desató una sonora polémica. Las asociaciones que representaban a los usuarios en internet rechazaron de pleno la facultad del gobierno para clausurar sitios web por su propia iniciativa, sin una orden judicial, pues ponía en riesgo "la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión". El entonces presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que había defendido el anteproyecto, se acabó alineando con los internautas y la ley encalló en el Congreso al no encontrar el PSOE apoyos suficientes.

En enero de 2011 el PSOE, el PP y CIU alcanzaron en el Senado un acuerdo in extremis para sacar adelante la ley gracias a la introducción de mayores garantías judiciales en el procedimiento de cierre de las webs de descargas de contenidos protegidos. Según la nueva redacción, el órgano judicial intervendría desde el primer momento en el procedimiento. Además, el gobierno se comprometió a regular la tasa de canon digital, que compensa a los autores por las copias privadas de sus obras.

A pesar del descontento de la Asociación de Internautas, la ley salió adelante por fin a comienzos de 2012, con Mariano Rajoy al frente del gobierno. Las reformas del entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, incluso endurecieron las sanciones. Rebautizada popularmente como Ley Sinde-Wert, operaría desde entonces según los criterios de una Comisión de Propiedad Intelectual.

Al mismo tiempo, en enero de 2012, el portal MegaUpload fue clausurado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su fundador y varios directivos fueron acusados de "mantener una organización criminal internacional responsable de piratería masiva alrededor del mundo" tras una operación del FBI.

El cierre de MegaUpload, un caladero de contenidos ilegales dispuestos para la descarga, se llevó por delante otras webs que utilizaban el portal como plataforma matriz, incluyendo links que redireccionaban al huevo de la serpiente. En solo unos días plataformas como Filmin –sí, en 2012 ya existía– multiplicaron sus ingresos por cuatro.

Pero poco después cristalizó el efecto hidra, del que ya nos habían alertado: por cada portal que cerraba se abrían muchos más. En todo caso, la carta blanca para la piratería tenía sus horas contadas.

Los siguientes tres años resultan de transición. Más allá del endurecimiento de las medidas –España se alineó por fin con la legislación europea–, que acotaba el campo de los infractores, resultaron decisivos algunos factores tecnológicos. La llegada de las smart TV a los hogares aceleró la suscripción a plataformas como Netflix, seguida de HBO y Amazon Prime Video, que en aquellos años comenzaban a hacerse un hueco.

Un caso similar fue, en el caso de la música, la llegada de Spotify a los smartphones. Igual que ocurría con la televisión, a la mayoría le compensaba pagar una suscripción y tener 'toda' la música en el teléfono antes que descargarla ilegalmente, cambiar el formato para que se adecuara a su dispositivo, etc.

En 2022, el productor Javier Limón llegó a asegurar en El Cultural: "La piratería musical ya no existe. Te lo dicen hace 15 años y no te lo crees". Según el Observatorio de 2024, los piratas de la música representan un 34%.

La cuestión es que después de 2012 el público masivo había empezado a migrar al streaming legal: el modelo de consumo estaba virando de la descarga gratuita al acceso por suscripción.

Si analizamos los datos del Observatorio de la Coalición de Creadores en la última década, observamos que desde 2015 hasta 2022 los accesos ilegales a contenidos no dejaron de descender. La Coalición llega a asegurar que la tendencia pone de manifiesto "un punto de inflexión en la lucha contra la piratería".

Sin embargo, en 2023 se produce un repunte del 5% con respecto al año anterior. Pero es el de 2024 –9% más que en 2023– el que ha desatado definitivamente la alarma. Concretamente, la industria del cine y las series, la más afectada, ha sufrido en un solo año un aumento del 27 al 39% en los accesos a contenidos ilegales (no es casual que la mitad de las obras pirateadas en todas las industrias sean novedades, estrenos y lanzamientos recientes). Son igualmente reseñables los datos referentes a libros (38%), periódicos (25%), imágenes (25%), revistas (21%) y videojuegos (18%).

Pero ¿a qué se debe este auge inesperado de la piratería? Lo primero que se le viene a la cabeza a un consumidor de contenidos legales es que hay demasiadas plataformas y que la subida de los precios –la actual tarifa estándar de Netflix prácticamente es el doble que en 2015– no permite, en buena parte de los casos, estar suscrito a más de una.

Desde Filmin, una de las plataformas con precios más asequibles –9,99 euros al mes–, aseguran que "es la combinación perfecta para que haya personas dispuestas a visionar algunos títulos que no están en sus suscripciones de forma ilegal".

Sin embargo, "no creemos que sea un tema de agotamiento de las plataformas; más bien, el consumidor evita comprometerse con ellas porque no le interesa todo el catálogo, sino títulos concretos", desliza José Antonio de Luna, director de negocio de Filmin. Esto entronca con la motivación mayoritaria de los consumidores ilegales. Según el informe del Observatorio, hasta el 64% de ellos piratean para evitar pagar por un contenido que luego, posiblemente, no les guste.

A Carlota Navarrete, de la Coalición de Creadores, el argumento del exceso de oferta y el incremento en los precios de las suscripciones no le parece suficiente. "La existencia de varias plataformas no significa que cada usuario deba suscribirse a todas o que, porque no pueda pagarlas todas, tenga que piratear alguna de ellas", expone. Además, este sería "un mensaje muy negativo para los sectores económicos".

"Los infractores han modificado nuevamente sus modelos para eludir su impacto". Carlota Navarrete (directora general de la Coalición de Creadores)

Ernesto Muñoz, socio del despacho Picón & Asociados Abogados, un bufete especializado en derechos de propiedad intelectual, nos habla de otros factores. Por un lado, lo que él denomina "la sofisticación de los modelos ilícitos", esto es, la adaptación de los infractores al siempre cambiante ecosistema digital. "Los infractores han modificado nuevamente sus modelos para eludir su impacto", secunda Navarrete.

Google sigue siendo la principal vía de acceso, pero actualmente existe un auge del uso de servicios de mensajería instantánea –Whatsapp, pero sobre todo Telegram– para difundir contenidos ilegales. Navarrete nos habla, además, de "la evolución y desarrollo de las IPTV o la utilización de determinados servicios (encriptación a través de VPN, DNS, proxys, etc.) para evitar la eficacia de los bloqueos de páginas web".

Muñoz, el abogado, señala además la existencia de "aplicaciones móviles y criptomercados como nuevos vectores de acceso y monetización", así como "canales de streaming ilegales en tiempo real, especialmente en retransmisiones deportivas, que dificultan la intervención antes de que finalice el evento".

A propósito, hace solo unos días LALIGA, junto con 36 grandes empresas y organizaciones del mundo deportivo y audiovisual, se unieron para manifestar su preocupación por la piratería. En una carta solicitaban colaboración de los agentes implicados, así como "medidas legislativas, vinculantes y con resultados tangibles".

"La publicidad de marcas legítimas en sitios piratas genera ingresos indirectos y complica la trazabilidad". Ernesto Muñoz (abogado)

En definitiva, los tramposos "han evolucionado hacia estructuras más complejas y descentralizadas" y operan en "entornos más difíciles de rastrear", apunta Muñoz. Por no hablar de "la publicidad de marcas legítimas en sitios piratas, lo que genera ingresos indirectos y complica la trazabilidad", añade. Navarrete, por su parte, asegura que "se había avanzado mucho y la normativa se ha mejorado significativamente, pero el desarrollo de las 'nuevas formas de piratería' también ha avanzado de modo exponencial".

La solución no parece sencilla. "El hecho de que haya países con una legislación permisiva hace muy difícil atacar el origen", reconoce De Luna, director de negocio de Filmin. Y añade que "la posibilidad de bloquear el acceso a servicios ilegales y las sanciones a las redes y/o plataformas que permitan este tipo de distribución deberían ser también una alternativa, pero sabemos que es algo muy complejo".

Navarrete y Muñoz sí presentan propuestas concretas, sobre todo en clave jurídica. Para la directora de la Coalición de Creadores resulta crucial "atacar las vías de financiación de los infractores". De ello depende el Proyecto de Ley de gobernanza, actualmente en trámite parlamentario, que "tiene como objetivo adaptar el ordenamiento jurídico español a los reglamentos europeos sobre Servicios Digitales (DSA)", informa Muñoz.

"España acumula un importante retraso en esa tarea", dice Navarrete, que considera "necesario" que este Proyecto se tramite y se haga "con urgencia y de modo acertado". Según Muñoz, será determinante en cuestiones como la "transparencia sobre propiedad y financiación", pues incluye la "prohibición de publicidad basada en perfilado de datos sin consentimiento explícito". Además, una de las medidas principales contempla "sanciones de hasta el 6% del volumen de negocio anual por infracciones muy graves en el ámbito digital".

"El hecho de que haya países con una legislación permisiva hace muy difícil atacar el origen". José Antonio de Luna (director de negocio de Filmin)

Parece claro que "las medidas legislativas tardan en llegar o se implementan de forma que su eficacia queda muy limitada al ajustarse a la realidad precedente y no la actual", tal y como apunta Navarrete, por lo que "la lucha contra la piratería exige una respuesta coordinada entre legisladores, operadores tecnológicos y titulares de derechos", según Muñoz.

Sin embargo, resulta obvio que la piratería no tendría ningún recorrido si no hubiera quien accediese a consumir contenidos ilegales. ¿La sociedad española está al tanto del impacto que supone? Navarrete asegura que "ha ido creciendo el número de usuarios de Internet que no solo son conscientes de lo que hay detrás de cada canción, libro, videojuego, imagen o película, sino también de cómo el sector cultural repercute positivamente en otros".

O sea, "concienciación existe y está claro que la opinión pública ha sufrido una profunda transformación en los últimos 20 años", celebra la directora de la Coalición de Creadores. De Luna, de Filmin, se muestra de acuerdo, pero además subraya la importancia de "insistir a los usuarios de los riesgos de este tipo de accesos ilegales y de la falta de información sobre quién está detrás".

Además de una combinación de medidas técnicas, jurídicas y políticas, "la lucha contra la piratería exige una respuesta coordinada entre legisladores, operadores tecnológicos y titulares de derechos", afirma Muñoz. Está por ver si, desde ahora, el desarrollo de la piratería en nuestro país dependerá de la evolución tecnológica, de la agilidad legislativa o, lo que parece más relevante, de la disposición de la gente a remunerar el trabajo de los creadores.