Pintada en la fachada de un cine de Cataluña

Juan Sardá / Alberto Ojeda
El Parlament de Cataluña acaba de aprobar la ley del cine. Lo primero, y más fácil, es caer en la histeria antinacionalista y ondear la bandera de la defensa del castellano, un idioma hablado por como mínimo la mitad de los catalanes que la Generalitat se empeña en despreciar (y eso que gracias a la inmigración suramericana no ha tenido más remedio que comenzar a rotular ella misma en español), y es evidente que la maniobra es mucho más política e identitaria que verdaderamente "cultural". Así lo piensan algunos cineastas catalanes. Albert Serra, por ejemplo, advierte que esta norma "no es más que politiqueo" y que "no contribuye ni a mejorar ni a empeorar la calidad del cine". "No plantea un debate cultural o artístico, sino industrial y por lo tanto me es ajeno", remacha.

Pero la realidad también es que la nueva ley tiene una virtud inapelable: promueve la versión original y le pone las cosas un poco más difíciles a Hollywood y un poco más fáciles a las distribuidoras independientes. Así lo ve el productor Luis Miñarro: "Aunque no sea su propósito inicial, la ley puede tener un efecto positivo. Por razones estrictamente económicas los distribuidores acabarán subtitulando las películas antes que doblarlas, porque sale más barato. De ese modo se potenciará la versión original, de la que soy firme defensor. También me parece positivo que se obligue a las majors, acostumbradas a hacer lo que les da la gana, a respetar la sensibilidad y las peculiaridades de los lugares donde colocan sus películas".

Por ello, como es obvio, los más quejosos son los principales perjudicados: las majors y los exhibidores, la inmensa mayoría dependientes de ese público adicto a la palomita y el artefacto bien explosivo. Un punto de vista, sin embargo, que se han cargado todos los estamentos de la industria. Ahí estaba, González Macho, diciendo: "Si se cargan la exhibición en Cataluña, desaparecerá para siempre. Y si se provoca el cierre de salas, nunca se volverán a abrir". Para añadir: "la oferta disminuirá y habrá una reducción drástica en tres sectores: la producción, la distribución y la exhibición". El apocalipsis, para variar, a la vuelta de la esquina. Ningún sector vive tan al borde del abismo como éste, o por lo menos da esa impresión porque luego son muchos los que viven muy bien.

Camilo Terrazón, presidente del Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña, añadía en ELCULTURAL.es a principios de año, cuando decidieron cerrar las salas como medida de protesta, otro elemento que no debe pasarse por alto en este debate. El cine de nacionalidades con industrias escasamente consolidadas también puede verse muy afectado: "Es que todo el mundo piensa en las grandes distribuidoras americanas, pero también hay películas de otros países o cine alternativo de los Estados Unidos, para públicos minoritarios, que ponen en circulación cuatro copias. Si tienen que hacer dos doblajes, uno al catalán y otro al español, ¿qué rentabilidad pueden obtener?". Luis Miñarro, sin embargo, considera "oportunista" este argumento, porque considera que los exhibidores "nunca han defendido este tipo de cine minoritario y ahora lo utilizan para defender sus intereses". "Además, una película iraní, por ejemplo, no se dobla casi nunca: se pasan en versión original subtitulada".

Es asombroso como algo que debería ser sencillo y bello como el cine está sometido constantemente a brutales tensiones políticas. También es prueba de su poder como forma artística más popular. Y eso que en Cataluña la nueva ley ha sido objeto de una extraña entente política,117 votos a favor y 17 en contra. Ésta es la realidad. El tripartito (PSC, ERC y Iniciativa/IU) más CiU. Se han quedado fuera, como era previsible, el PP. Por el contrario, el diputado del PP Rafael López pidió que, por "prudencia", el debate se pospusiera hasta que no se conozca en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y volvió a criticar que con esta ley se crean nuevos problemas y no se solucionan los que acechan al sector. Lamentó su "intervensionismo" y consideró que con la entrada en vigor del texto '"se niegan las libertades lingüísticas", a la vez que se penalizan con 75.000 euros los incumplimientos sobre este aspecto. Y al PP no le falta razón, el recurso constante a las sanciones económicas introduce un elemento de amenaza y tiene un carácter algo estalinista que no ayuda nada. El diálogo, en este caso, hubiera sido imperativo. Y por cuestiones de esencialismo, no lo ha habido. Hasta CiU lo ha denunciado al entender que el Govern ha actuado de forma "sectaria y nada generosa" y consideró que han quedado al margen del debate productores y exhibidores.

El supuesto boicot de las majors a la nueva ley es el otro elemento de la película. No lo duden, no lo habrá. Y dentro de cinco años, la afluencia de público será la misma.