Deporte femenino y los atletas trans
Maine, en el refugio anti-Trump para las atletas trans en EEUU: continúa la división por los deportes femeninos escolares
La Casa Blanca amenaza con cortar fondos mientras Maine defiende leyes estatales que protegen la identidad de género en centros educativos.
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La administración de Donald Trump ha iniciado una batalla legal contra el estado de Maine por su negativa a aplicar un decreto federal que prohíbe la participación de mujeres trans en deportes femeninos escolares.
El conflicto, que escaló con amenazas de retirar fondos federales, se ha convertido en un enfrentamiento directo entre el expresidente y la gobernadora demócrata del estado, Janet Mills.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia acusa a Maine de violar el Título IX, la ley que prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones educativas que reciben financiación federal.
Según el equipo legal de Trump, permitir que mujeres trans compitan en disciplinas femeninas perjudica los derechos de las atletas cisgénero y pone en riesgo la integridad de las competiciones.
El origen del conflicto se remonta a febrero, cuando Trump firmó la orden ejecutiva titulada Keeping Men Out of Women’s Sports.
Con esta medida, el Gobierno federal pretende limitar estrictamente la participación en el deporte femenino escolar a personas asignadas como mujeres al nacer, ignorando la identidad de género.
Donald Trump firmando la ley que impedirá a las atletas trans participar en competiciones femeninas
"De ahora en adelante, el deporte femenino será solo para mujeres", declaró Trump durante la firma del decreto, reafirmando uno de sus compromisos electorales más controvertidos.
La medida ha sido aplaudida por sectores conservadores que sostienen que las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres crean ventajas competitivas injustas cuando personas trans participan en categorías femeninas.
La resistencia de Maine
Frente a esta imposición federal, Maine ha decidido mantener su normativa estatal, que se ajusta a las leyes locales de derechos humanos y permite a las personas trans participar en deportes de acuerdo con su identidad de género.
Mike Burnham, director ejecutivo de la Asociación de Directores de Centros Educativos de Maine, ha declarado que seguirán cumpliendo la legislación estatal. "El decreto ejecutivo entra en conflicto con nuestra Ley de Derechos Humanos", subrayó.
Janet Mills, gobernadora de Maine, respondió al desafío federal con contundencia: "Nos vemos en los tribunales".
Según la mandataria, la disputa no se trata únicamente de la participación deportiva, sino de defender el sistema democrático frente a un Gobierno que, en su opinión, pretende imponer su voluntad sin respetar la legalidad.
Fondos federales como presión
La administración Trump ha amenazado con retirar fondos educativos a Maine si persiste en su negativa a acatar el decreto. De hecho, el Departamento de Agricultura llegó a congelar temporalmente cerca de 1,8 millones de dólares destinados a programas nutricionales escolares.
Ante esta situación, el estado presentó una demanda alegando que la retención de fondos era ilegal y comprometía la alimentación de miles de niños. Un juez federal ordenó descongelar esos fondos de manera inmediata.
Estas maniobras han sido calificadas por la gobernadora como un intento sin precedentes de chantaje político. "Esto nunca ha tratado de proteger a las mujeres o al deporte escolar. Es un ataque contra el estado de derecho", denunció Mills.
Testimonios enfrentados
La demanda federal utiliza ejemplos concretos para reforzar su tesis. Entre ellos, menciona a una atleta trans que ganó con amplio margen una prueba de salto con pértiga, así como a otra que finalizó primera en una carrera de cinco kilómetros, resultados que, según la demanda, habrían sido muy inferiores si hubieran competido en categoría masculina.
Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos LGTBQIA+ rechazan la narrativa del Gobierno federal. Hudson Taylor, directora de Athlete Ally, advirtió que esta clase de políticas solo agravan los problemas que ya enfrentan muchos jóvenes trans.
"Son más propensos a sufrir violencia, pensar en el suicidio y vivir en situaciones de vulnerabilidad. Este decreto no hará más que empeorar su situación", aseguró.
Polémica nacional
Este conflicto no es exclusivo de Maine. Otros estados como California y Minnesota también se enfrentan a demandas similares. En al menos 26 estados del país se han aprobado leyes que prohíben a chicas trans competir en deportes escolares femeninos.
La ofensiva conservadora también ha alcanzado otros ámbitos, como la restricción de tratamientos médicos de afirmación de género para menores o el acceso a baños según la identidad de género.
Durante el mandato de Joe Biden, se intentó extender la protección de derechos civiles a las personas trans, marcando una postura contraria a la actual ofensiva del equipo de Trump.
En contraste, la visión del expresidente impone una definición estricta del sexo basada en el género asignado al nacer.
Esta disputa legal en Maine se enmarca en un clima político polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Trump ha convertido la oposición a los derechos de las personas trans en uno de los pilares de su campaña, prometiendo medidas aún más restrictivas si regresa a la Casa Blanca.
Para muchos observadores, este caso podría sentar un precedente clave sobre el alcance del poder federal para imponer normativas sociales que contradicen leyes estatales.
Mientras tanto, el destino de miles de estudiantes, especialmente los más vulnerables, queda atrapado en el epicentro de un conflicto político, judicial y cultural que parece lejos de resolverse.
