David Aganzo, más cerca del banquillo por cohecho y revelación de secretos: la juez ve "indicios racionales suficientes"

El Juzgado de Instrucción número 3 de Elche ha rechazado la petición de sobreseimiento formulada por la defensa de David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y de otros tres investigados, entre ellos Diego Rivas, su mano derecha en el sindicato.

La magistrada instructora, Marta Alba Tenza, considera que hay "indicios racionales suficientes" para mantener viva la causa que investiga un presunto delito de cohecho y revelación de secretos en relación con la obtención ilícita de información fiscal del sindicato rival, Futbolistas ON.

La resolución judicial, fechada el 12 de noviembre de 2025 y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, marca un nuevo capítulo en un proceso que estalló en 2019 tras la detención de un funcionario de la Agencia Tributaria de Elche, Francisco García Antón, por acceder sin autorización a datos confidenciales de la organización competidora.

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Según el auto, el funcionario habría recibido 3.000 euros a cambio de entregar a dirigentes de AFE una copia del modelo 347 del ejercicio 2018 de Futbolistas ON, documento que recoge operaciones con terceros.

Futbolistas ON fue el gran perjudicado por esas actuaciones presuntamente ilícitas de Aganzo y Rivas, entre otros.

Gracias a la obtención del documento por la AFE, esta entidad logró en las elecciones celebradas en 2019 excluir a Futbolistas ON del Convenio Colectivo con LaLiga al quedarse en una representación del 4,06%, sin llegar al 5% (faltaron seis votos de futbolistas profesionales).

Indicios suficientes

La defensa de Aganzo y de los también investigados Gonzalo de Medinilla, Antonio Cañadas y Diego Rivas había solicitado el sobreseimiento libre del caso, alegando irregularidades procesales y negando su participación en los hechos.

Sin embargo, el juzgado desestima estos argumentos y avala la posición del Ministerio Fiscal, que se opuso a archivar la causa y reclamó que se dictara auto de procedimiento abreviado.

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Según la instructora, "ninguna de las circunstancias del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concurre en el presente caso", ya que las diligencias practicadas revelan indicios de delitos que justifican la continuidad del proceso.

En concreto, el auto apunta a que los investigados aportaron dinero para pagar al funcionario con el fin de obtener el documento confidencial.

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Cohecho y revelación de secretos

La magistrada detalla en su resolución que los hechos podrían encajar en dos tipos penales:

- Un delito de cohecho, tanto en su modalidad activa (por parte de los particulares que ofrecieron la dádiva) como pasiva (por parte del funcionario que la aceptó).

- Un delito de revelación de secretos del artículo 200 del Código Penal.

Respecto al cohecho, se argumenta que García Antón, funcionario público, "realizó un acto para el que no estaba autorizado por razón de su función", como fue la descarga del modelo 347, y lo hizo "a cambio de la entrega de dinero".

A su vez, los investigados habrían incurrido en la modalidad activa al participar en el pago con el objetivo de obtener un documento que no les correspondía.

Sobre la revelación de secretos, el auto subraya que el modelo 347 contenía datos tributarios reservados de la persona jurídica Futbolistas ON, cuya divulgación sin consentimiento constituye delito.

El contenido del documento -que incluía, por ejemplo, información sobre la financiación recibida del organismo de LaLiga- fue supuestamente utilizado por AFE para desacreditar públicamente al sindicato rival en el contexto de las elecciones sindicales celebradas en mayo de 2019.

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Instrucción casi cerrada

Con este auto, el juzgado deja el camino despejado para que el Ministerio Fiscal formule acusación formal si lo considera oportuno.

La magistrada indica que la instrucción ha concluido y que no restan diligencias por practicar, por lo que la causa podría encaminarse ahora hacia la celebración de juicio.

Contra este auto cabe interponer recurso de reforma en un plazo de tres días, y de apelación en cinco, aunque el entorno de Aganzo no ha aclarado todavía si acudirá a estas vías.

Lo cierto es que la causa no se archiva y que el presidente de AFE seguirá imputado, al menos hasta que el juez decida si abre juicio oral.