Valladolid estrena Defensor del Contribuyente para atender dudas y sugerencias sobre los impuestos: así será su trabajo

Valladolid ya cuenta con la figura del Defensor del Contribuyente, O lo que es lo mismo, un funcionario del Ayuntamiento de Valladolid que tendrá como objetivo ofrecer a los contribuyentes vallisoletanos “una mayor garantía de sus derechos, y basará su funcionamiento en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana esta figura. El funcionario designado es técnico economista de la Secretaría Ejecutiva del Área de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa. “Es una de las principales novedades del ejercicio 2025 junto con la bajada de impuestos”, apuntan desde el Ayuntamiento vallisoletanos.

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Su misión será la de actuar sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias referidas a los tributos municipales, tanto en sentido estricto (impuestos, tasas y contribuciones especiales) como con las relacionadas con los precios públicos exigidos por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

También con las relativas a cualquiera otra exacción de derecho público que se reclame por la Administración Municipal en vía ejecutiva.

En el ejercicio de sus funciones, supervisará la respuesta que ofrezcan las unidades municipales a las reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos, requiriendo de aquellas las correcciones necesarias si esa respuesta no resultase adecuada, pudiendo incluso plantear, de oficio, reclamaciones en queja ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Tendrá también entre sus funciones la de informar de las quejas formuladas por los ciudadanos, en el ámbito de sus competencias, con carácter previo al dictamen de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 

Otra misión será la de formular las recomendaciones, propuestas e informes en relación con la función genérica de defensa del contribuyente, así como la de proponer las modificaciones normativas o procedimentales que se consideren pertinentes para la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos, siempre en el ámbito de sus competencias.

Esta designación, tendrá una duración de un año prorrogable por periodos de igual duración, refuerza el compromiso del equipo de Gobierno con la transparencia y la mejora en la atención a los ciudadanos, asegurando que los derechos de los contribuyentes sean protegidos con rigor y profesionalidad.