La familia de Fabio, un joven de 17 años con un 98% de discapacidad, está "desesperada". Ya no saben qué hacer ni cómo actuar ante la situación en la que se encuentran inmersos desde hace unos días cuando su hijo se quedó sin transporte escolar por "conductas disruptivas".

Una situación que ha denunciado el grupo provincial TLP este martes. El diputado Julio Pereda ha mostrado su "apoyo sin fisuras" a Fabio y su familia y ha recordado que, pese a que la institución provincial no tiene competencias en transporte y educación, hay una "obligación" de velar por sus vecinos. Unos hechos "sumamente injustos". 

Asimismo, ha cuestionado que la Junta de Castilla y León "no ponga los medios necesarios que hay que poner" para que el joven pueda asistir con total normalidad a su centro escolar; el Colegio Pedro I de Tordesillas. Un centro educativo al que va desde San Pelayo, con 21 kilómetros de distancia entre ambos municipios.

El diputado Julio Pereda (TLP) con Elisa, la madre del joven con discapacidad, y Juan Carlos Rojo

Suele coger el transporte a las 14:30 horas para volver a casa y el jueves, antes de Semana Santa, le avisaron mediante un correo electrónico a su madre, Elisa Cerrillo, que debían ir a buscarlo.

En un primer momento, el colegio le informó de un protocolo que ella había aceptado. Este consistía en que, en caso de nerviosismo, le meterían en una sala para relajarlo, llamarían a sus padres o, en caso de no localizarles, al 112. Pero parece que todo cambió de un momento a otro. 

"Por orden de la Dirección Provincial de Educación me avisaron de que habían suspendido el transporte escolar hasta después de vacaciones", lamenta. Y es que siente que está "luchando constantemente contra un muro".

Asimismo, asegura que la tutora del joven le ha dicho que estos comportamientos se han dado en "momentos puntuales" y que "son normales" de las personas con TEA y parálisis cerebral. Sin embargo, el joven no se ha podido volver a subir al transporte escolar por sus "conductas disruptivas".

Una situación insostenible y que su madre cree que se trata de un "castigo" que tiene Fabio por su discapacidad: "No se le puede castigar ni a él ni a su familia. No hay intencionalidad en estas conductas".

Elisa, al límite, asegura que no sabe "cómo dar voz" y que ha denunciado a la Guardia Civil porque "cuando estás desesperado, tomas las medidas que sean necesarias". A la espera de saber qué pasa o cuáles son los siguientes pasos que debe tomar.

"Hay administraciones que ganan por el agotamiento del contrario. Me da la impresión de estar luchando constantemente contra un muro", critica. Asimismo, apunta que la Dirección Provincial ha actuado de manera "unilateral" y que la normativa de transporte "no se ha cumplido. "Como familia se nos hace un daño moral, psicológico y laboral. No puedo salir del trabajo cada vez que se considere que tiene una de estas conductas", afirma.

Por ello, su madre pide que se forme a las monitoras y la "manera que debe haber de tratar a un niño". Así como que se cree un aula de relajación, para que "se pueda calmar", tanto él como otros compañeros que lo necesiten. Ahora están a la espera de saber si después de las vacaciones podrá volver a subirse al transporte escolar o si todo seguirá siendo como antes.