UGT y CCOO han comparecido hoy, 7 de noviembre, ante la estación de Renfe en Valladolid para manifestar su disconformidad ante los incumplimientos por parte de la Junta de Castilla y León de los acuerdos del diálogo social y anunciar movilizaciones a partir del próximo 27 de noviembre en defensa de "los avances sociales".

"Anunciamos un proceso judicial. Se trata de defender la democracia porque están en una política de destrucción de todos los acuerdos y están perjudicando a todos los implicados en el diálogo social: las empresas, las mujeres en materia de igualdad, los inmigrantes, los desempleados. No queda otro remedio que salir a la calle, ir a las instituciones y a los tribunales", ha indicado Vicente Andrés, secretario general de CCOO de Castilla y León.

Al mismo tiempo, ha advertido: "Un partido minoritario ha venido al gobierno a destrozarlo todo. Meten las máquinas, deciden destruir todos los consensos y las políticas sociales construidas durante muchos años. Requieren una contestación". Un problema que les obliga a alzar la voz ya que "es la primera vez que en muchos años los sindicatos haremos movilizaciones, pero es que ahora está en juego parte importante de la democracia. Por ello salimos. Hay gente que está harta de la parte extremista del gobierno de la Comunidad. Con las manifestaciones del día 27 se dará inicio de un proceso de movilizaciones que continuaremos en diciembre y en meses venideros. Es un momento de crispación contra el gobierno de Castilla y León".

Por su parte, Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León, se ha mostrado molesto por las medidas tomadas recientemente por parte del consejero de empleo. "La Comisión Permanente del Diálogo Social no nos ha convocado para discutir las partidas presupuestarias para el ejercicio 2023. Queremos recodarle al presidente de la Junta y al consejero de empleo que dentro del estatuto de autonomía los agentes sociales tenemos que ir a las a Cortes a dar cuenta".

Andrés ha anunciado que no van a participar en la mesa de negociación. "Es una convocatoria ilegal. No está ajustada al marco del diálogo social. Para una mesa de negociación primero tiene que haber un acuerdo con Mañueco o en la Comisión Permanente. La unilateralidad, es ilegal", una negativa ya que entienden que es "una pantomima de una negociación. Quieren que contribuyamos a que no se cumplan los acuerdos que están vigentes. Es una provocación porque saben que no vamos a asistir a legitimar un proceso ilegal que está planteando en todo momento".

Por último se han pronunciado sobre el Servicio Regional de Relaciones Laborales, que no recibe ningún tipo de partida presupuestaria: "La parte del Serla tiene presupuestos 0. Es una barbaridad el plantearse su desarticulación con los presupuestos actuales".