El alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, ha calificado como “intolerable el nuevo ataque del ministro Garzón al sector azucarero” al entender que “la remolacha y el azúcar son parte esencial de la supervivencia de Olmedo y su comarca”.

A través de un comunicado, Centeno ha explicado que “hace un año mostraba mi solidaridad con las familias de los cooperativistas y trabajadores de ACOR por el ataque al sector desde el Ministerio de Consumo con su campaña ‘El azúcar mata’ y otra vez  hemos de mostrar nuestra indignación por el ataque inadmisible que el ministro Garzón lanza contra el sector remolachero y azucarero” con su campaña ‘Hijos del Azúcar’.

Por eso, el edil ha mostrado su "solidaridad y apoyo a todo el sector remolachero y azucarero español personalizándolo especialmente en ACOR, sus cooperativistas y sus trabajadores”.

Un producto vital para la zona

Para Olmedo y su zona de influencia, el cultivo de la remolacha constituye una actividad esencial para la economía, el empleo y la cohesión del territorio, en definitiva, "la remolacha y su transformación son esenciales para su supervivencia".

Y las cifras así lo atestiguan puesto que “son cientos de familias las que dependen directa e indirectamente de la producción de azúcar: 4.400 cooperativistas, 500 empleados, 7.000 empleos indirectos. Campañas como las impulsadas por el Ministerio de Consumo generan temor e incertidumbre en todos ellos, tal y como nos han hecho llegar en repetidas ocasiones innumerables cooperativistas, la dirección de ACOR y el propio sindicato UGT”.

Por ello, Centeno ha considerado que “resulta insultante que un ministro del Gobierno de España actúe de forma sectaria, intentando adoctrinar a las familias, atemorizando a los niños y demonizando a un sector como causante de un problema del que no es, en absoluto, responsable”.

Asimismo, el consumo de azúcar, “como cualquier otro producto alimenticio, consumido en su justa medida, no sólo no es perjudicial, sino que produce efectos beneficiosos”. Por ello no ha considerado justo que “se discriminen, por parte de un servidor público, a las miles de familias que, en toda España, viven de este sector tan importante desde el punto de vista económico y demográfico”.