La gerente del Partido Popular de Salamanca, Isabel González Sánchez, se acogió este jueves a su derecho a no declarar como investigada por la presunta financiación ilegal del partido en las primarias autonómicas de 2017. González Sánchez acudió a su cita en los Juzgados de la plaza Colón y aseguró ante la magistrada que instruye la causa que se abstiene de hacer declaración alguna hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto precisamente contra su calificación como investigada, como ya hiciera el presidente provincial de los populares, Javier Iglesias, a mediados del mes de enero.

Una decisión, la de no declarar, que ya esperaba el abogado de la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida-Los Verdes, Francisco Martín del Río, quien acusó a los populares desde la puerta de los Juzgados al salir de la cita de estar “intentando meter documentos prefabricados”. “Como no han colado en el Juzgado, ahora los están intentando meter en la Audiencia”, señaló el letrado, apuntando que pretenden incluir declaraciones juradas en las que “cambian las cantidades” y “ponen las fechas que quieren”.  

Una táctica para la que Martín del Río no ahorró en calificativos, tachándola de “muy ‘chapucera’ y muy de la mafia”. En esta consideración ahondó posteriormente sosteniendo “es lo que hace la mafia en los delitos de blanqueo”. “Si no lo coloco por aquí, lo coloco por allí”, apostilló. En su opinión, esta estrategia del Partido Popular de Salamanca lo que trata es de “alterar los términos del auto” en el que, según el abogado, “están recogidas las pruebas reunidas durante casi tres años”.

La causa

Lo que hasta ahora se sabe es que el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca considera que existen “indicios racionales” de un presunto delito de financiación irregular en sus actuaciones durante el proceso de primarias de los populares en 2017. Antes de dicha elección, constaban un total de 4.913 afiliados del PP de Salamanca sin estar al día de la cuota y tras la convocatoria de la misma, se abrió un proceso de actualización y pago de las cuotas de los “afiliados morosos”, dado que sólo podían votar quienes estuvieran al corriente de pago entre los días 10 y 17 de marzo de 2017. Esta iniciativa se llevó a cabo, siempre según el auto, a instancias del presidente del partido en la provincia, mientras que a la gerente de la formación se le aportaron los listados con los militantes que tenían deudas.

Mediante este proceso se amortizó una deuda por cuotas de afiliados por valor de 61.937 euros, de los que 20.447 euros se correspondían con pagos y transferencias de los propios afiliados morosos, mientras que 41.490 euros se obtuvieron mediante cuotas abonadas por cargos electos, personal de confianza y afiliados voluntarios que colaboraron por iniciativa propia en el pago de cuotas de los militantes morosos. Sin embargo, el Juzgado considera que sólo se ha podido seguir el rastro de 17.350 euros mediante declaraciones juradas, por lo que quedarían “sin justificar” otros 24.140 euros, cantidad que cree que puede calificarse como una “donación anónima ilegal”.  

No obstante, el tribunal ahondó en el tema y señaló diversas circunstancias que aminorarían esa cantidad sin justificar hasta los 7.090 euros, aunque el delito persistiría dado que seguiría siendo donación anónima ilegal. Así, citó que, en el supuesto de que se dieran por válidos otros justificantes de cantidades extraídas de cuentas bancarias de cargos públicos del partido en los días investigados podría seguirse el rastro de otros 9.800 euros y si se aceptaran hipotéticamente otras cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo se podrían encontrar otros 7.250 euros.